La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez en el marco de una investigación por lavado de dinero y reclamó que avance la pesquisa sobre sus vinculaciones con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de la llamada ‘ruta del dinero K‘, los jueces de la sala II de la Cámara Federal sostuvieron que la tarea de investigar las relaciones de Báez con ‘las más altas autoridades‘ del gobierno anterior ‘deberá ser abordada sin demora y en paralelo con las otras hipótesis sobre los orígenes del dinero manipulado por el empresario’.
La orden de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah de avanzar en la investigación de los posibles nexos entre Báez y el matrimonio Kirchner se produjo en relación a la presunta maniobra de lavado de dinero registrada en 2012 por las cámaras de seguridad de la financiera SGI, conocida como La Rosadita.
‘El más elemental sentido común torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez en forma paralela a las relaciones -cuanto menos- personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y a la posible decisión directa o influencia ejercida para que ello ocurra‘, sostuvieron en el fallo.
Los magistrados sostuvieron que ‘la posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente‘ por lo que remarcaron: ‘la tarea deberá ser abordada sin demoras‘.
La Cámara Federal porteña intimó ayer al juez Sebastián Casanello a no dilatar ‘innecesaria e indefinidamente‘ la causa con medidas con ‘predecible destino de fracaso‘ la causa de lavado.
Hace días, la legisladora Graciela Ocaña sospechó que el magistrado direcciona la investigación para proteger a Cristina. Ocaña aseguró que Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan tenían desde el año 2013 información sobre cuentas en Suiza de los hijos de Lázaro Báez, según medios digitales.
A través de un texto difundido en las redes sociales, Cristina ratificó ayer sus denuncias por ‘abuso de poder‘ y ‘persecución política‘ por parte del gobierno encabezado por Mauricio Macri, a raíz de los allanamientos realizados en Santa Cruz en el marco de la causa Los Sauces, y aseguró que el ‘claro objetivo‘ del Ejecutivo es meterla ‘presa‘.
‘Podrán hacer mil allanamientos más, podrán meterme presa, su claro objetivo‘, alertó la exmandataria y agregó: ‘lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza‘.
Según la resolución de la sala II, ‘la información disponible muestra que existieron vínculos -al menos- comerciales que unían a firmas privadas de Lázaro Báez con otras ligadas a la por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández o a familiares de la nombrada. Es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez y las referidas relaciones del nombrado con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández‘.
Además de este caso, el juez Claudio Bonadio ya procesó a Cristina por la causa del dólar futuro. También está siendo investigada por lavado de dinero en Hotesur y por presunto enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos en Los Sauces (firma dedicada al rubro inmobiliario). Télam y DyN