Las malas noticias desde el ámbito judicial siguen dando dolores de cabezas a los funcionarios K. Esta vez le tocó el turno a Diego Bossio. El titular de la Anses fue imputado por el fiscal federal Federico Delgado quien impulsa una investigación por presuntos pagos irregulares a la petrolera venezolana PDVSA con fondos del organismo previsional.

El fiscal dio curso a una denuncia de las dirigentes de Coalición Cívica Elisa Carrió y Fernanda Reyes que, además de Bossio, apunta al secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y al secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, “por el posible desvío de dinero perteneciente a la Anses a través de cuatro resoluciones dictadas en forma conjunta, las cuales habrían sido publicadas después de ocho meses en el Boletín Oficial”.

Se trata, en síntesis, de la suscripción de Letras del Tesoro por 835 millones de pesos, 1.378.357.753 de dólares y 21.642.247 dólares tomados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Ese dinero estaba destinado a las empresas CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.) y Enarsa (Energía Argentina SA) “con el objeto de cancelar las obligaciones con PDVSA”.

Según la requisitoria del fiscal, “la denuncia pone foco en estas últimas dos resoluciones, debido a que la norma que habilita la creación de esa deuda pública data del día 18 de octubre de 2012 y su emisión del 18 de enero de 2012, pero recién fue publicada el 28 de junio de 2013”.

Carrió y Reyes imputaron a los funcionarios que “sin ley que lo habilite, sin parámetros que expliquen las condiciones, montos, plazos, intereses, etcétera, se habrían emitido Letras nueve meses antes que la norma lo establezca, vulnerando así el imperativo legal de publicidad en los actos de Gobierno o bien que tal vez se trate de una operatoria que está ocultando un delito mayor que debe ser investigado”.

En ese contexto, Delgado entendió que podría existir “una posible hipótesis delictiva”, por lo que requirió “formalmente la instrucción de la presente causa”, y reclamó que “se obtengan los expedientes administrativos de las resoluciones”. Además, planteó que la Auditoria General de la Nación “designe un grupo de expertos que brinden su opinión técnica sobre el procedimiento que denuncian” las diputadas opositoras.

Bossio es el último, de la larga lista de funcionarios K, que están siendo investigados por la Justicia. El titular del Ejército, César Milani fue imputado el lunes por presunto enriquecimiento ilícito. Hace un par de semanas atrás hubo hasta un pedido de captura internacional contra el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, que permanecía prófugo tras dos pedidos de prisión dictados en dos causas. También debutó hace 15 días en los Tribunales de Comodoro Py, el polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Esta vez fue por cobrar multas a las consultoras privadas que medían una inflación superior a la del INDEC.