Buenos Aires.- El juez Federal Ariel Lijo pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe de manera “urgente” si existen reportes de operaciones sospechosas o investigaciones abiertas por supuesto lavado de dinero en relación a la Fundación “Suma”, en la causa que investiga el origen del dinero robado a su titular, la vicepresidenta Gabriela Michetti.

La medida se ordenó en el marco de una serie de pruebas dispuestas por el magistrado, que ayer libró ‘orden de presentación’ y encomendó a Gendarmería Nacional ir a la sede para buscar los libros contables de la Fundación, desde donde garantizaron que serán llevados al juzgado, explicaron fuentes judiciales.

Precisamente el abogado de Michetti, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que ‘es absolutamente falso que se haya ordenado un allanamiento o secuestro en la fundación SUMA’.

En este sentido, precisó que ‘el juzgado, como es de práctica, ordenó la presentación de documentación perteneciente a la fundación, lo que fue notificado por las fuerzas de seguridad’, en un comunicado difundido anoche por la oficina de prensa de la Vicepresidencia.

Además, en esa resolución el magistrado le pide a la UIF que informe si ‘ha recibido reportes por parte de las UIF de otro país en relación a la persona jurídica mencionada’, según la resolución a la que accedió Télam.

También levantó el secreto bancario y pidió al Banco Central que requiera informes a bancos, financieras y entidades cambiarias para que, en diez días, informen si SUMA ‘registra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etcétera), así como también si se ha registrado operaciones y/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona física’.

Además se ‘deberá informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, información filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario’ y operaciones de cambio de divisas en caso de existir desde el 15 de septiembre de 2009 hasta la fecha.

La investigación se inició luego de que el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandié, denunciaran a la vicepresidenta con el objetivo de que se indague sobre el origen del dinero que le fue robado en noviembre. El robo ocurrió la noche en la que se consagró vicepresidenta cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa.