El Gobierno ordenó ‘evacuar‘ la Fragata Libertad, retenida en un puerto de Ghana desde el 2 de octubre por el reclamo de acreedores privados de bonos impagos, por ‘falta de garantías‘ para los ‘derechos humanos de sus 326 tripulantes‘, informó ayer por la tarde la Cancillería.
La comunicación oficial aseguró que la Justicia de Ghana aspira a que ‘un país soberano‘ negocie ‘con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe‘ y que el hecho que retiene a la nave insignia de la Armada es ‘un secuestro, una extorsión y un acto de piratería‘ contra la Argentina.
‘La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido evacuar en forma inmediata a la totalidad de los tripulantes argentinos y no argentinos a fin de preservar su integridad y dignidad dejando a bordo únicamente al Capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la fragata‘, reportó el Palacio San Martín en un comunicado.
El texto indicó que el canciller Héctor Timerman presentará el caso mañana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y que ‘la Argentina hace responsable al gobierno ghanés de todos los perjuicios ocasionados por un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales‘.
‘El fallo no sólo es violatorio de los Tratados Internacionales que obliga a la República de Ghana a garantizar la inmunidad de los buques de guerra sino que además ha colocado en riesgo los derechos humanos de los 326 tripulantes (entre ellos, dos sanjuaninos)‘, advirtió la Cancillería.
El Palacio San Martín subrayó que ‘en su sentencia el juez ha prohibido la provisión de combustible a la Fragata. Esta prohibición impediría el funcionamiento de los generadores de energía, que a su vez abastecen la cocina, baños, duchas, agua corriente y luz eléctrica‘. ‘Aún más grave es que el desabastecimiento de combustible dejaría sin efecto el sistema de lucha contra incendios‘, reprochó el comunicado oficial.
El juez que interviene en la causa es Richard Adjei Frimpong, del Tribunal de Comercio de Accra, capital del país africano, quien a comienzos de mes rechazó el planteo nacional para que se libere a la embarcación, al tiempo que la Casa Rosada se negó a pagar una caución de 20 millones de dólares para lograr la liberación del buque y sus tripulantes.
El fondo que litiga contra la Argentina y consiguió que se trabe el embargo es NML Capital Limited, de Eliot Management, que exige 370 millones de dólares entre capital e intereses, por títulos en default tras la crisis de finales de 2001, bonos soberanos que el ‘fondo buitre‘ (según palabras de Cancillería) rechazó canjear durante dos operatorias instrumentadas por el Gobierno en 2005 y 2010.
‘La única respuesta del juez fue que lleguemos a un acuerdo con el fondo buitre que ha presentado la demanda. Queda claro, entonces, la intención del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe‘, fustigó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fuentes: DyN y Télam