Buenos Aires, 10 de noviembre .- Al cierre de la 65 Asamblea de la
SIP que se celebra en esta ciudad, la Sociedad Interamericana de
Prensa dio a conocer las conclusiones de la misma, en las que
destacó una serie de "claros indicios del deterioro de la libertad de
prensa y del consiguiente debilitamiento del sistema democrático"
en toda América, al tiempo que criticó a la Ley de Medios de la
Argentina y la "discriminación" en la asignación de la publicidad
oficial.
También responsabilizó a Venezuela de "exportar ideología" a
la región, a partir de "la persecución al periodismo y a toda
opinión distinta a las del poder", que según la SIP "sólo ha servido
para iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de
naturaleza corrupta que únicamente causan más pobreza y violencia".
El documento final alude a la Argentina en tres oportunidades.
En primer lugar cuando se refiere a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual como parte de una "tendencia de manipulación legal" que impera en la región y "en el marco de una inédita campaña de hostigamiento contra los medios independientes".
Al respecto, la SIP opinó en relación a toda la región que "el
avasallamiento contra la libertad de expresión legitimado por
reformas constitucionales y leyes hechas a medidas está concatenado con la creación y adquisición de medios por parte del Estado y sectores cercanos al poder, que son utilizados como órganos de propaganda".
Las conclusiones también nombraron a la Argentina dentro de
una lista de países que utilizan la publicidad oficial como
"instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas", práctica a la que califica como "discriminatoria".
En general, las mismas señalan "la acción coordinada de
gobiernos para controlar a la prensa y el desprestigio constante al que la someten, el avance desmesurado de la violencia contra los
periodistas, la proliferación de leyes restrictivas y arbitrarias
decisiones judiciales que limitan la labor informativa", lo que a
juicio de la SIP son "claros indicios del deterioro de la libertad de
prensa y el consiguiente debilitamiento del sistema democrático".
En cuanto a la pobreza y la falta de equidad que sustentan el autoritarismo, la SIP señaló "los más altos funcionarios de varios gobiernos actúan como si la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial impidieran las indispensables transformaciones para erradicar la miseria".
La declaración final indicó que "la persecución al periodismo
y a toda opinión distinta a las del poder, sólo ha servido para
iniciar el lento y tortuoso tránsito hacia totalitarismos de
naturaleza corrupta que únicamente causan más pobreza y violencia".
Para la Asamblea, "estos regímenes han llegado a canalizar su
agresividad en preparativos para guerras con otros países, como
ocurre con Venezuela", a la que se acusa de "exportar ideología a
otros países", mientras el presidente Hugo Chávez, "propició una ley de delitos mediáticos".
Alrededor de la "tendencia de manipulación legal", la SIP señaló a la Ley de Medios de la Argentina, pero también al Proyecto de
Ley de Comunicación que discute la Asamblea Nacional en Ecuador y sus réplicas como una propuesta de una ley similar en El
Salvador.
También se mencionó que otras leyes que buscan el control de
contenidos han sido propuestas o están siendo discutidas en los
parlamentos de Colombia, Chile y Uruguay, mientras que Brasil "está organizando una conferencia nacional sobre medios que podrá derivar en la creación de medidas de control de la prensa".
Por último, y como aspecto positivo que alude a la Argentina,
la SIP indicó la "despenalización de los delitos de difamación e
injurias en Uruguay y el envío al Congreso argentino por parte del
Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para despenalizar los
delitos de injurias y calumnias, en base a un fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos".
La SIP recordó tembién el saldo de 16 periodistas asesinados
en este semestre, la cifra más alta de los últimos años, y "condenó enérgicamente" la permanencia en prisión de 27 periodistas en Cuba.
El documento señaló que este país "se distingue como uno de
los mayores controladores y censuradores de internet, habiendo
desarrollado mecanismos de restricciones y amedrentamiento especial contra la nueva modalidad de blogueros".