Una matriz productiva agotada que pide a gritos un cambio profundo, una fuerte crisis por la falta de trabajo, y 
por consiguiente, una fuerte reducción de las exportaciones. Estos son los ejes principales que llevó a la provincia de Mendoza a abrirse a un debate que parecía definitivamente zanjado y que divide aguas entre socios y pone en la misma vereda a enemigos históricos: la minería.

La Legislatura provincial ya comenzó a escuchar las distintas voces que detallarán los pro y contra de dos proyectos en danza para habilitar la explotación minera metalífera en Mendoza. Ya hubo escándalo con acusaciones y denuncias pero el debate recién comienza.

Uno de los proyectos es de autoría del senador Juan Antonio Agulles (PJ), que habla de regionalizar la actividad minera en todo el territorio provincial y eso posibilitaría la autorización al departamento Malargüe de tener 
minería en toda su magnitud. El otro proyecto lo presentó el senador Alejandro Abraham (PJ Unidad Ciudadana) y habla de modificar la Ley 7.722, sobre todo sus artículos 1 y 3, que consideran "son obstáculos inexpugnables" a la hora de cualquier inversión minera.

Esta ley sancionada en 2007 cuenta además con un fallo de la Corte Suprema que rechazó distintos planteos de inconstitucionalidad. La ley había estado en el centro de la escena ante el impulso del Proyecto San Jorge, que pretendía extraer oro y cobre de los yacimientos ubicados en Uspallata, que implicó una enorme movilización social para bloquear la iniciativa.

Expresamente, la Ley 7.722 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, "y otras sustancias tóxicas similares" en los procesos mineros.

El proyecto de Abraham busca eliminar la frase "y otras sustancias tóxicas similares" para abrir la puerta al uso de otros recursos químicos en minería.

El gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos) ve con buenos ojos el avance de la minería, que implicaría generación de empleo y actividad económica en plazos breves en medio de la profunda recesión que atraviesa el país. Pero el debate será arduo y tiene a agricultores, ambientalistas, intendentes y vecinos en pie de guerra. Rechazan la posibilidad de que la minería contamine las aguas para el regadío como para consumo humano. En esta batalla están especialmente invitados pobladores, comercio, sindicatos, Federación Agraria, entre otros de General Alvear y San Carlos.

En la primera audiencia del debate en comisiones de la Casa de las Leyes, la Cámara de Empresas Mineras, la Asociación que nuclea a la metalmecánica, entre otras, expresaron que la provincia ha perdido terreno en su crecimiento y que es necesario que se amplíe el perfil productivo.

A la hora de los números expusieron que "hay 300 minas empadronadas que esperan ser explotadas con un capital de U$S 350.000 millones enterrado. Además, consideraron que para reactivarlas implicaría una inversión de U$S 16.000 millones y crearía 39 mil empleos en forma directa e indirecta. ¿Alcanzará esto para apostar a la minería?

Contratos con precio de las uvas

La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley de contrato de compraventa de productos agrícolas, que establece el precio de la uva que las bodegas deben pagarle a los productores una vez que reciben la materia prima, para dar previsibilidad y transparencia al sector.

La norma es muy esperada por el sector primario, que en muchas ocasiones entregan su materia prima al sector industrial (bodegas), que demora hasta un año en pagarles y no saben a qué precios.

"Para el productor es un hecho terminal porque no tiene ni siquiera para pagar sus costos de producción", dijo a Télam el diputado provincial Ricardo Mansur (UCR), impulsor de la norma.

El proyecto aprobado en Diputados torna obligatorio realizar un contrato de compra de uva, en el cual "el bodeguero y el productor deben establecer de antemano el precio que se va a pagar, los plazos, la variedad, y la cantidad de quintales que se van a comprar", explicó Mansur.

"Este año algunas bodegas tuvieron grandes elaboraciones y el productor luego se vio abusado porque le cambiaron y disminuyeron el precio de la uva, en vez de comprarle un determinado porcentaje se le compró mucho menos, y los plazos para pagarles fueron fueron mucho mayores", precisó el legislador.

"En muchas ocasiones los productores entregan sus uvas en marzo de un año y les terminan de pagar al año próximo", amplió. La norma, girada al Senado provincial, "establece cláusulas de ajuste y la obligación de que la bodega antes de que ingrese la materia prima debe firmar un contrato, que no tiene ningún tipo de impuesto, ni de costos de sellado, donde quede registrado un elemento jurídico con la firma del bodeguero y del productor, donde si se los cambian, el productor va a tener la posibilidad de litigar, que actualmente como era un acuerdo verbal le era imposible", detalló.