Menos de un mes es lo que le quedaría de vida comercial a OCA. La mayor empresa de correo privada del país tiene plazo hasta el próximo 5 de diciembre para regularizar su situación con la AFIP y lograr que el Gobierno le prorrogue la licencia como operadora de servicios postales.

 

Ese día vence el permiso para que la empresa siga operando mientras negocia un programa de pago de su deuda con el ente recaudador. Se trata de un monto cercano a los $500 millones por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse y la suma aumenta en alrededor de $120 millones por mes.

 

Para extender el permiso, OCA debe contar con el correspondiente libre deuda de la AFIP o no podrá seguir prestando sus servicios. La empresa actualmente opera con un permiso precario por 60 días que ya caducó.

 

Las firmas postales deben presentar cada tres meses sus papeles vinculados con sus operaciones y cada año revalidar la actividad ante los organismos oficiales. El trámite de renovación es casi automático: deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP.

 

En el Gobierno evalúan la hipótesis de su eventual disolución como sociedad y una posible quiebra en el marco del concurso preventivo de acreedores que ya presentó y que se tramita en un juzgado de la provincia de Buenos Aires.

 

En la actualidad, OCA cuenta con 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos, todo lo cual está en riesgo si finalmente se queda sin licencia.

 

Según su dueño, Patricio Farcuh, existe un plan para dejarlo fuera del negocio y la complicada situación financiera que padece la empresa fue provocada por desfalcos cometidos por referentes del gremio de Camioneros que manejaron OCA durante un período de casi 10 meses cuando lo echaron por la fuerza de su cargo, de acuerdo a lo informado por Iprofesional.