Argentina lanzó ayer un canje voluntario de deuda en pesos con vencimiento a 2024 por instrumentos que abarcarían bonos por un valor equivalente a cerca de 64.000 millones de dólares, en un intento de retrasar los pagos en medio de una importante crisis económica que golpea al país sudamericano.
La deuda podría ser canjeada por 15 instrumentos diferentes con un valor total de unos 65.000 millones de dólares, según una fuente del gobierno, con fechas de vencimiento que oscilan entre 2025 y 2028.
La recepción de las ofertas de canje comenzó ayer a las 10 de la mañana y está previsto que termine a las 3 de la tarde de hoy, al tiempo que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes próximo, dijo el Ministerio de Economía.
“La licitación será por adhesión con un pliego por Título Elegible”, señaló el ministerio en un comunicado. “La operación busca despejar vencimientos por alrededor de 58,1 billones de pesos de stock”, dijo el Grupo SBS.
“Gran parte de estos títulos se hallan en manos de entidades públicas, aunque la oferta quedará abierta para las entidades del sector financiero y no financiero y personas físicas y jurídicas”, agregó.
Los nuevos títulos atados a la inflación (boncer) tendrán vencimiento el 15 de diciembre de 2025, el 15 de diciembre de 2026, el 15 de diciembre de 2027 y el 30 de junio de 2028.
“No pensamos que (el canje) tenga mucho impacto en el precio de los bonos en dólares, ya que apunta a canjear los bonos en pesos con vencimiento este año pero se espera que mayormente ingresen al canje los entes públicos”, comentó Ezequiel Zambaglione de Balanz.
“En caso de que haya una importante adhesión del sector privado (excluyendo a los bancos a los que se les ofrezca puts) podría tener un impacto positivo en bonos en dólares y acciones porque sería reflejo de que el programa económico sigue ganando credibilidad”, añadió.
El presidente ultraliberal Javier Milei, que asumió el poder en diciembre, ha dicho que está comprometido a encarrilar la economía con un severo ajuste fiscal, lo que fue bien recibido por los mercados y los inversores pero creó tensiones con los sindicatos y los gobernadores regionales.