El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que "llegó al mejor acuerdo que se podía lograr" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá "abrir un camino más transitable" para el desarrollo económico del país. Sin embargo, todavía no se conoce la letra chica del acuerdo ni cómo hará la Argentina para cumplir con las metas acordadas con el FMI que ya se conocen.

El Gobierno todavía debe decir cómo será la reducción de la inflación y de la brecha cambiaria, cómo se bajarán los subsidios a la energía, cómo se harán los desembolsos del nuevo programa y cómo será el esquema de vencimientos para devolverle el crédito al organismo, un tema no menor para quien asuma la conducción del país a partir de 2026.

Ayer, Martín Guzmán dio algunas pistas. En la lucha para bajar la inflación, reducirá el financiamiento del Banco Central, subirá la tasa de interés y seguirá con la política de control de precios. Sin embargo, no detalló cuáles son los objetivos de inflación para los próximos años.

Sobre la brecha cambiaria entre los dólares alternativos y el dólar oficial, en el Palacio de Hacienda señalan que los economistas del Fondo no creen que el tipo de cambio oficial, que está en $105, esté atrasado. Esta es la justificación detrás de la declaración de Guzmán de que "no habrá ningún salto cambiario". Según el equipo del ministro, cerrar la brecha requiere de una "metodología más holística" y señalaron que los fondos internacionales, "que vinieron a la Argentina durante el gobierno anterior a hacer carry-trade son los que generan presión en la brecha".

Por lo tanto, parte de las negociaciones con el FMI incluyen buscar una forma de darles salida parcial a esos fondos de una manera más ordenada, como se hizo en octubre de 2020, cuando el Tesoro licitó dos bonos en dólares, en medio de la disparada de la brecha cambiaria.

En este sentido, Economía está analizando todas las alternativas y no se descarta incorporar un esquema de subastas en moneda extranjera como alternativa para desdoblar el mercado cambiario sin quitar el cepo, como el que aplicó Islandia en el programa stand-by de 2008 con el FMI.

En cuanto al déficit fiscal, Guzmán señaló que del 2,5% del PBI que se espera para este año, sólo 1% del producto se financiará con emisión monetaria. El resto del gasto se cubriría con licitaciones en el mercado local de deuda y en el Gobierno son optimistas de recibir fondos frescos de otros "socios internacionales". Esto incluye a organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y a otros países. Para reducir el déficit de 3,1% del PBI de 2021 a 2,5%, si bien este año no están los aportes extraordinarios de 0,5% del producto del impuesto a las grandes fortunas, tampoco está el "gasto covid", que implicó transferencias por 1% del PBI.

Caen las reservas

Las reservas internacionales en poder del Banco Central retrocedieron ayer US$ 896 millones, al quedar en US$ 37.621 millones. La baja fue explicada fundamentalmente por el pago al FMI de la primera cuota de intereses del corriente año del préstamo que el organismo otorgó en 2018. Se abonaron US$ 717 millones.

• La incógnita sobre la suba de las tarifas

Uno de los puntos más polémicos del acuerdo tiene de protagonistas a los subsidios a las tarifas de gas y electricidad y sobre eso Guzmán esquivó dar precisiones.

Para reducir los subsidios a la energía, en Economía indicaron que siguen trabajando en la segmentación de tarifas, pero al momento sólo se anunció una suba de 20% en los servicios de gas y electricidad para todos los usuarios por igual, que se aplicaría a partir de marzo. Este incremento, por debajo de la inflación esperada de por lo menos 50%, no sólo no ayudará a reducir los subsidios, sino que no llegaría a cubrir el incremento de costos de la generación eléctrica y las importaciones de gas. El tema cobra mayor relevancia porque el área energética está a cargo de Federico Basualdo (electricidad) y Federico Bernal (gas), dos funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Guzmán indicó que el gasto social y la inversión en obra pública no bajarán, pero el Gobierno tendrá que atacar el gasto en subsidios económicos, que el año pasado representaron 3% del PBI (2,4% de transferencias a la energía y 0,6% al transporte).