Después de varios días de tensión, el Gobierno finalmente les ordenó a las prepagas dar marcha atrás con los aumentos de las cuotas aplicados desde diciembre del año pasado. La noticia despertó estupor entre los referentes del sector, que evalúan los próximos pasos a seguir y aseguran que esta medida pone en riesgo el sistema de salud privado.
Las empresas apuntadas en la medida cautelar que presentó el Gobierno son: Swiss Medical, Omint, Osde, Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, la Unión Argentina de Salud y también se menciona a Claudio Belocopitt, que hasta ayer presidía esa confederación.
Luego de conocer el anuncio que dio el vocero presidencial, Manuel Adorni, representantes de las prepagas afirmaron que sería imposible devolver la diferencia de lo que ya se cobró. “La plata que el sistema prepago cobró ya lo trasladó a los prestadores, que pagaron salarios, insumos, medicamentos, que aumentaron por encima de la inflación”, argumentaron en diálogo con TN. “Cuando las prepagas pidan la diferencia, el prestador le va a decir que no tiene la plata”, aclararon.
De todos modos, las empresas tienen la posibilidad de apelar la medida si así lo quisieran, pero esa alternativa aún no está definida. “Todavía no se ha decidido nada. Se están estudiando las alternativas, incluso defenderse en la Justicia, pero el Gobierno dispuso que esto sea de cumplimiento inmediato y los tiempos judiciales son otros”, analizaron. Y sentenciaron: “Es una medida absolutamente poco razonable con un riesgo enorme”.
El Gobierno le ordenó a las prepagas dar marcha atrás con los aumentos
Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que las prepagas estarán obligadas a dar marcha atrás con los aumentos de los últimos meses. “Es para devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre a la fecha”, explicó.
En concreto, el Gobierno tomó dos medidas sobre las empresas de medicina prepaga. Por un lado, la Secretaría de Comercio, dictó una medida de tutela anticipada que obligó a un grupo de siete empresas -que se estima representan al 75% de los afiliados- a retroceder los valores de las cuotas a diciembre a partir de la próxima facturación.
Por otro lado, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación presentó ante la Justicia una medida cautelar por “abuso en los precios por una posición dominante del mercado” contra 18 prepagas para que las empresas retrotraigan sus valores al 01/12/2023 -esto es, la cuota de diciembre sumado al valor del índice de inflación- y piden que se devuelvan a los usuarios todo lo que se encuentre por encima del Índice de Precios al Consumidor.
Esta medida retrotrae los aumentos establecidos desde diciembre del año pasado y obliga a las prepagas a aplicar como tope la suba de la inflación. Además, esta determinación se extenderá por el término de seis meses desde su notificación.
A modo de ejemplo, el Gobierno explicó que si se contempla una inflación del 10% para el mes de abril y el incremento del 151% de las cuotas de medicina prepaga, se trataría de una reducción del 33%. De esta manera, las empresas deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre del año pasado.
Este conflicto, en realidad, se recalentó en los últimos días. En reuniones informales, el Gobierno les reclamó a las empresas del sector que congelen los aumentos por tres meses y recibió una rotunda negativa que agudizó el conflicto. En esos encuentros, el Ejecutivo les propuso que no incrementen los valores por los próximos 90 días.
Sin embargo, los empresarios no aceptaron y plantearon que recién podrían congelar las subas en junio o julio, ya que los valores estaban muy atrasados en relación con la inflación. Tras esta situación, se cortó el diálogo entre ambas partes y se tensó aún más la relación.