Después de varios intentos fallidos y ásperas discusiones con los bloques dialoguistas y gobernadores, el oficialismo logró ayer emitir dictamen de mayoría al proyecto de nueva Ley de Bases, la iniciativa que presentó el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en modificaciones en áreas económicas, financieras, laborales y sociales. Se trata de una versión acotada de la ley ómnibus original que ya tuvo un tratamiento fallido en Diputados durante las extraordinarias de febrero.
De esta manera, la propuesta quedó habilitada para ser tratada en el recinto junto con el despacho del paquete fiscal que se votará en conjunto con la Ley Bases. El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.
El Gobierno logró incluir un capítulo acotado de la reforma laboral y tuvo que ceder y dejar fuera de su plan de privatización al Banco Nación. De esta manera, el plan de venta del Presidente pasó de 41 empresas propuestas en diciembre a tan sólo 11, de las cuales sólo 4 quedaron habilitadas para su venta total.
Pasadas las 15.30, La Libertad Avanza había cosechado 61 firmas, entre los diputados de la propia LLA, el Pro y un sector mayoritario de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF). Ahora los cañones apuntan a lograr la media sanción en la sesión maratónica programada para el lunes 29 y martes 30 de abril en la previa del Día del Trabajador donde la CGT hará una movilización a Plaza de Mayo.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo, y dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Margarita Stolbizer.
El flamante presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Santiago Santurio, expresó el optimismo del oficialismo: “Después de mucho trabajo y esfuerzo estamos llegando a los acuerdos necesarios para seguir avanzando con esta legislación”. A su turno, el radical Lisandro resaltó “la importancia de darle a un gobierno que comienza las herramientas necesarias para gobernar”.
Pero para alcanzar el dictamen de comisiones, el oficialismo tuvo que retroceder con su reforma laboral de 60 artículos que replicaba el capítulo del mega DNU 70/23. La flexibilización quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.
En cuanto a los períodos de prueba (“pasantías”), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores. La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
A su vez, se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.
> Otros ejes de la reforma en el trabajo
En el proyecto de reforma laboral se eliminan definitivamente las multas por trabajo no registrado para alentar la contratación en relación de dependencia. El período de prueba tendrá seis meses de vigencia, pero se podrá ampliar ese período hasta ocho meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores.
En los casos de despido sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración del último año. Se excluye el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual.
Mediante convenio colectivo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral, cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. La indemnización se agravará en un 50% si el despido está motivado en un acto discriminatorio y hay sentencia judicial que corrobore el hecho, donde la prueba estará a cargo de quien invoque la causal.
Sigue el INCAA y más
El Gobierno también retrocedió y no eliminará el Conicet, el Instituto Malbrán, la CONAE, el INCAA, el INCUCAI, el Enacom, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y el INTA.