El oficialismo impuso ayer, en un plenario de comisiones del Senado, dictamen favorable a los dos proyectos de Defensa del Consumidor y a la reforma de la Ley de Abastecimiento, a los que aplicó una serie de cambios.

Fue durante la segunda jornada del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías; de Justicia y Asuntos Penales; de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio, ante quienes desfilaron representantes de ONGs defensoras de consumidores, la Unión Industrial Argentina (UIA) y los constitucionalistas Daniel Sabsay y Ricardo Gil Lavedra, quienes cuestionaron la propuesta.

El presidente de la central fabril, Héctor Méndez planteó en la sede de la UIA que la nueva Ley de Abastecimiento constituye un caso de ‘abuso de autoridad‘ y no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia si el Congreso la aprueba, dentro del paquete de leyes vinculadas a la producción y el consumo que impulsa el Gobierno. El directivo expresó que ‘si sale la ley, la Junta Directiva de la entidad deberá decidir qué se hace, pero esta conducción estima que (la UIA) hará una presentación ante la Justicia‘.

Los proyectos, que el oficialismo quiere llevar al recinto el miércoles próximo son tres: uno que establece un nuevo sistema de resolución de conflictos en relaciones de consumo, con la creación de un fuero especial para atender este tipo de asuntos, otro que crea un Observatorio de Precios y un tercero que reforma la Ley de Abastecimiento, que implica una regulación más profunda sobre la vida de las empresas.

El oficialismo, que consiguió respaldo de asociaciones de defensa del consumidor, como críticas de empresarios y opositores, incorporó modificaciones a las iniciativas, como la exclusión del régimen de sanciones a las pequeñas y a las medianas empresas que no sean formadoras de precios. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, dio a conocer las modificaciones.

El funcionario hizo saber que se accedió a eliminar las clausuras definitivas que se mencionaban en el proyecto inicial; que se tipificaron las conductas para aplicar las sanciones con el objeto de restringir una eventual discrecionalidad del Ejecutivo; que se estableció el pago de una compensación, en el caso de que la autoridad de Aplicación intervenga en la producción y que, de ello, se origine un perjuicio económico para las empresas. Se dispuso la preservación de la confidencialidad de los datos empresarios dados a la Autoridad de Aplicación. Fuente: DyN