La Corte Suprema de Justicia decidió ayer convocar a una audiencia pública informativa para analizar, con la presencia del Estado Nacional y del Grupo Clarín, los argumentos sobre la Ley de Medios Audiovisuales, previo a dictar un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de artículos que están suspendidos.
Los siete miembros de la Corte decidieron la convocatoria, para el 28 de agosto. El decreto del máximo tribunal proclama la decisión de ‘permitir la participación ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer la difusión pública en los asuntos de esta relevancia‘. De la audiencia pública participarán una representación unificada del Estado Nacional y otra del Grupo Clarín, más un grupo de diez ‘amicus curiae‘ (amigos del tribunal, que son organizaciones (ONG) que sin ser parte en el expediente tienen interés en su resolución), cinco en respaldo de cada postura.
La convocatoria, para las 10, prevé una exposición de 15 minutos para cada ‘amicus‘, más otra de media hora para cada parte, y un espacio de 15 minutos para las réplicas. En ese sentido, fuentes del tribunal estimaron que la audiencia podría extenderse al menos por una jornada más a la prevista inicialmente.
La decisión de la Corte constituye el paso previo al fallo definitivo del máximo tribunal sobre la validez o no de la Ley de Medios. Según el reglamento fijado por la Corte para la audiencia, ni las partes ni los ‘amicus‘ podrán expresarse sobre generalidades de la ley, sino específicamente sobre los artículos cuya validez están cuestionados.
La Corte delimitó el debate a los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley, que se vinculan con la cantidad de licencias, la administración del espacio radioeléctrico, las posiciones dominantes de mercado y la cláusula de desinversión.
La aplicación de esa parte de la normativa está suspendida en el caso del Grupo Clarín, luego de que fuera declarada inconstitucional por la Cámara Civil y Comercial Federal. La decisión fue apelada por el Estado y llegó a la Corte, que dio vista a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que se pronunció por la constitucionalidad de los puntos objetados.
El reglamento establece además que no podrán ser amicus curiae los miembros de los Poderes del Estado Nacional o provinciales, ni de los partidos políticos o candidatos en campaña electoral.
A su vez, la Corte declaró inválida la designación de la Procuradora Fiscal subrogante Alejandra Cordone Roselló, decidida por la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó, para seguir interviniendo en causas que tramiten ante el alto tribunal.
En la causa, un particular pidió a la Corte que ‘se declare la nulidad del dictamen de Cordone Roselló‘, porque fue designada mediante la creación de cargos ‘sin estar habilitada para ello, y efectuar designaciones sin cumplir con el procedimiento legalmente contemplado para cubrirlos‘. Asimismo, el máximo tribunal resolvió ayer limitar la presentación de recursos de apelación ante las nuevas cámaras de Casación creadas con la reforma judicial.
Fuentes: DyN y Télam