Las empleadas públicas rionegrinas que sean víctimas de hechos de violencia de género podrán pedir licencia especial, con goce de haberes, mientras dure la situación que las afecta, según una ley aprobada en primera vuelta por la Legislatura provincial.
La norma, votada por unanimidad, surgió de un proyecto presentado por la diputada Susana Diéguez (Frente para la Victoria), quien consideró “una batalla cultural‘ el lograr la aprobación de esta ley, ‘que es la segunda en su tipo en el país, después de la que está vigente en la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Puntualizó que “ante la falta de una legislación acorde a esta problemática lo común es que las mujeres afectadas por esta clase de situaciones se ven obligadas a pedir licencia por razones de salud”. “Lo más frecuente es recurrir a una licencia por razones psiquiátricas, que puede luego ser usada por el victimario para aducir que la víctima no está en sus cabales y por ello pretenda sacarle la tenencia de los hijos en común”, añadió Diéguez. “También es habitual que víctima y victimario compartan el ámbito laboral, en el mismo organismo del Estado, situación que profundiza aún más la problemática”, completó.
La nueva ley establece que “se entiende por violencia de género, a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer, como así también su seguridad personal”.
“Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”, agrega.
Queda también determinado que “en los casos en que la trabajadora sea víctima de violencia de género y por tal motivo deba ausentarse de su puesto de trabajo, su inasistencia sea total o parcial, se considera justificada”.
La licencia, que podrá extenderse hasta 180 días corridos, entrará en vigencia con la mera invocación ante las autoridad que corresponda, con un plazo no mayor a 48 horas para presentar el certificado que acredite la radicación de la denuncia ante autoridad competente; así como la certificación emitida por profesionales de servicios de atención públicos o privados o de asistencia a las víctimas de violencia de género, en el que constará el lapso por el cual hará uso de la licencia.
Otra advertencia de la norma es que “las autoridades y quienes intervengan en el procedimiento deben guardar deber de confidencialidad”, agregando que “omitido el mismo se instruirá sumario por incumplimiento grave”.
El beneficio será de aplicación obligatoria para el personal de todas las dependencias del Estado rionegrino.