Dos de los seis proyectos de reforma judicial propuestos por el Gobierno, el que establece que los representantes de los jueces, abogados, y académicos en el Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular y el de creación de tres nuevas cámaras de casación, recibieron ayer dictamen favorable en el Senado y quedaron en condiciones ser debatidos en el recinto el miércoles próximo.
Sin la presencia de los bloques de la oposición, los senadores del Frente para la Victoria firmaron dictámenes de las dos iniciativas durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto.
Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Legislación General del Senado debatirán hoy el proyecto que regula las medidas cautelares en los procesos en los que sean parte Estado Nacional o los entes descentralizados. Legisladores opositores reiteraron que no participarán de la reunión, en rechazo al trámite exprés que impuso el kirchnerismo al debate de las iniciativas.
De los seis proyectos, hay dos que serán clave: la reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de las medidas cautelares.
Consejo de la Magistratura:
La reforma amplia de 13 a 19 los consejeros e introduce la elección por voto popular de los integrantes del cuerpo, cuando se realicen las (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) PASO. La ciudadanía elegirá as tres jueces, tres abogados, y seis representantes de los ámbitos académicos o científicos, de reconocida trayectoria en algunas de las disciplinas universitarias. En el caso de los abogados y jueces corresponderán dos a la mayoría y uno a la minoría, mientras que en el caso de los científicos serán cuatro representantes para la lista ganadora y dos para aquella que obtenga el segundo lugar.
Se establece la posibilidad de que sean consejeros académicos y profesionales de distintas disciplinas y ciencias, no solo abogados los que puedan aspirar a integrar el Consejo. Todos deben cumplir con los mismos requisitos que se exige para ser diputados.
Con la ampliación, se sumarán 5 nuevos académicos y científicos no abogados (ya hay 1) y 1 abogado (ya hay 2). Esos 9 más los 3 representantes de los jueces ya existentes serán elegidos por el voto popular y acompañarán las listas de los partidos políticos. Además, se eliminan las mayorías especiales para aprobar un concurso o la suspensión de un magistrado y será suficiente con la mayoría absoluta de miembros. Así, el gobierno de turno, podrá alcanzar fácilmente ese número si se suman los seis académicos a los dos senadores y dos diputados oficialistas y el representante del Poder Ejecutivo. Once sobre diecinueve, la mitad más uno. O sea, el número exacto que se va ha necesitar para elegir o bochar a un juez.
Crea los concursos previos por ‘materia y por nivel‘ para la ocupación inmediata de las vacantes que se produzcan. Los jurados estarán integrados por docentes de universidades públicas concursados y no podrán ser jurados los miembros o empleados del Consejo. Será obligatoria la presentación ternas por cada cargo a cubrir.