Gobernadores peronistas recurrirán a la Justicia a partir del próximo lunes para intentar revertir el impacto fiscal que tendrá en las provincias el paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional la semana pasada para aliviar el ajuste en el bolsillo de los argentinos por la devaluación del peso. Consideran "inconstitucional e ilegal" estas medidas. 

Los mandatarios provinciales sostienen que la rebaja del IVA en algunos productos de la Canasta Básica y la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias "compromete el pago de salarios". 

El oficialismo, en tanto, aseguró que ese conjunto de políticas que implican desde congelamiento de los combustibles y rebajas en el IVA de algunos alimentos básicos y Ganancias "no afectarán el funcionamiento fiscal" de los estados provinciales.

En conjunto los gobernadores tildaron a las propuestas del Ejecutivo nacional como "inconsultas y electoralistas".

En ese sentido, los gobernadores de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, de Catamarca, Lucía Corpacci, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmaron ayer que "los 19 gobernadores decidimos ir a la justicia a partir del lunes" para plantear sus quejas contra distintas medidas anunciadas. Sostienen que "no se ve voluntad política concreta de resolver los temas".

Bertone confirmó además que Tierra del Fuego se sumará con un planteo ante la Corte Suprema a los amparos interpuestos por Neuquén, Río Negro, La Pampa y Santa Cruz, que reclaman la inconstitucionalidad del decreto rubricado por el presidente Mauricio Macri que establece el precio de la nafta fijando un dólar petrolero a 45 pesos.

La mandataria fueguina ratificó que la medida afecta los ingresos por regalías y precisó que en su provincia supone una pérdida de "alrededor de 89 millones de pesos", a lo que "hay que agregarle los efectos en la reducción de la actividad por menor cantidad de inversiones".

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se mostró "indignado" por las medidas y las calificó de "unilaterales, inconsultas y electoralistas".

"Nos enteramos por los medios de que se apropiaban de $30.000 millones de las provincias, pero también indigna que sean solo por tres meses, con un claro tinte electoralista", dijo Bordet.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, el socialista afín a Consenso Federal Miguel Lifschitz, dijo que evaluará con sindicatos estatales los ajustes salariales para ver "cómo vamos a llegar a fin de año" tras las medidas de alivio anunciadas por la Nación al señalar que significan una merma de $4.000 millones para la provincia. "Tenemos que rearmar nuestro esquema y ver cómo vamos a llegar hasta fin de año", observó Lifschitz, quien recordó que en la provincia "no tenía previsto suspender la cláusula gatillo" y sostuvo que "hace una semana la había ratificado".

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el senador Miguel Ángel Pichetto, dijo ayer que las medidas "tienen total razonabilidad porque están dirigidas a los sectores populares y más carenciados y no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias".

Al respecto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, consideró que la quita del IVA a los alimentos es una medida "muy razonable" y aseguró que la provincia no llegó a un esquema de compensaciones con la Nación por la eventual merma de coparticipación federal. 

"La recaudación tenemos que cederla para que la plata vaya al bolsillo de la gente, que es lo principal", manifestó Valdés.

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Un proyecto de ley de senadores del PJ

En medio de la guerra Nación-Provincias, los senadores nacionales del PJ Dalmacio Mera, Carlos Caserio, Alfredo Luenzo, entre otros, presentaron un proyecto de ley que apunta a que a las medidas del Gobierno nacional sobre la baja del IVA y el Impuesto a las Ganancias no pongan en peligro el pago de sueldos y de otros servicios esenciales ya previstos por las provincias.

Atento a que los Estados provinciales dejarán de percibir ingresos coparticipables por las exenciones impositivas establecidas por el Poder Ejecutivo, dicho proyecto de ley pretende crear una partida presupuestaria de 40.000 millones de pesos, en el marco de fondos de aportes del Tesoro Nacional, a los fines de compensar el costo fiscal que sufrirán. Dicho fondo será distribuido entre las provincias según el Régimen de Coparticipación de Impuestos.

"El Gobierno nacional tomó medidas sin consultar a los gobernadores, violando el pacto fiscal que él mismo promovió y poniendo en riesgo la economía de las provincias", señaló el senador Mera, y agregó que "la inmadurez política no puede hacer que en una elección se rife el futuro de la Argentina, por lo que hay ser prudentes y responsables hasta el último día".

Más libre comercio
 

El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), bloque integrado por Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, cerraron ayer en Buenos Aires un acuerdo de libre comercio, lo que abrirá a las empresas regionales un mercado que importa bienes y servicios por más de U$S 500.000 millones al año.