�Argentina parece entrar en una cuenta regresiva mientras puede declararse el próximo jueves en moratoria de pago de su deuda por segunda vez en 12 años, ya que las negociaciones con los inversores ‘holdouts‘ (fondos buitres) se mantienen estancadas y ninguna de las partes muestra señales de ceder. Aunque no puede descartarse un acuerdo de último minuto.
Argentina lleva años luchando con los fondos de cobertura que absorbieron los bonos basura del país tras su ‘default‘ de 100.000 millones de dólares en deuda en el 2002 y que posteriormente rechazaron los términos de unas reestructuraciones, exigiendo el pago total de esos valores.
Pero el tiempo corre. Tras una serie de reveses legales para Argentina en tribunales norteamericanos, el país apenas tiene pocos días para cumplir con un fallo que emitió el juez de distrito en EEUU Thomas Griesa en el 2012, para que el Gobierno de Cristina Fernández pague 1.330 millones de dólares, más intereses, a los fondos que Buenos Aires califica de ‘buitres‘.
Si el estancamiento persiste, Griesa impedirá que Argentina haga este jueves 31 de julio el pago de un cupón a los inversores que sí aceptaron la reestructuración de sus valores, desatando un nuevo default justo cuando la economía lucha con la recesión y la inflación.

Qué puede pasar:

‘El resultado es aún incierto a sólo pocos días de que se dispare un default técnico‘, dijo el analista Mauro Roca de Goldman Sachs. ‘Un acuerdo se ve ahora improbable‘. Para otros expertos, Argentina aún podría sorprender y sacar un conejo de un sombrero.
Griesa podría suspender su fallo para evitar un default de Argentina, un escenario que describe como ‘lo peor que puedo imaginar‘. El fallo de Griesa prohíbe a Argentina pagar el servicio de su deuda reestructurada hasta que alcance un acuerdo con los buitres.
Estos acreedores probablemente pedirían a Argentina una garantía, posiblemente financiera, para negociar a partir de enero, una vez que haya expirado la cláusula RUFO.
La llamada cláusula RUFO le prohíbe ofrecer voluntariamente mejores términos de pago a los inversores que no se acogieron a las reestructuraciones a las que accedió el 92,4 por ciento de los inversores que aceptaron el canje con una fuerte quita. La cláusula RUFO (siglas en inglés de la cláusula ‘derechos sobre futuras ofertas‘) expira el 31 de diciembre.
‘Para los demandantes (buitres), probablemente es más lo que pierdan que lo que ganen por un default‘, dijo Alejo Costa, jefe estratega del banco local de inversión Puente. ‘Si Argentina declara default no sabrían lo que está sucediendo y podrían tener que someterse a otro largo proceso legal‘.
El viernes pasado, los negociadores argentinos de la deuda salieron de las oficinas del mediador Daniel Pollack en EEUU apenas una hora después de haber ingresado, enfriando aún más las esperanzas de un acuerdo, que ahora parece el resultado menos probable.
Incluso si Argentina logra un acuerdo, éste llegará muy tarde para evitar que la economía caiga en recesión este año. ‘Pero quizás apuntale una perspectiva de crecimiento más fuerte el próximo año, ya que, por decir lo menos, se levanta la confianza del consumidor, se levantan algunas de las presiones sobre el tipo de cambio‘, dijo Stuart Culverhouse, jefe de investigaciones con Exotix, una corredora de mercados fronterizos en Londres. ‘Pero habrá una demora para que todo esto se resuelva y en recibir nueva inversión extranjera‘, agregó.
En vista de que la cláusula RUFO expira el 31 de diciembre, Argentina quiere que se suspenda el fallo de Griesa para entrar en negociaciones sin el riesgo de demandas de los bonistas que se acogieron a las reestructuraciones. Hasta ahora el juez se ha negado.
En caso de default, las penurias económicas que puedan amenazar a Argentina dependerán de cuán rápido pueda superar esta crisis. Eso podría determinarse por el éxito que pueda tener Argentina en persuadir a los tenedores de bonos que está preparada para negociar un arreglo después de que expire el 31 de diciembre la cláusula RUFO. Si logra hacerlo, habrá menos probabilidad de una llamada ‘aceleración‘ de la demanda por parte de los tenedores reclamando sus pagos. Los tenedores de bonos simplemente tendrían que esperar unos pocos meses para recibir sus pagos.