La jueza federal María Servini de Cubría dio ayer un paso clave para garantizar la transparencia del escrutinio en las PASO del 9 de agosto y las generales del 25 de octubre al hacer lugar a un pedido del frente ‘Cambiemos’ que integran el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI, para mudar fiscales de mesa de la Ciudad y el interior hacia la provincia de Buenos Aires.
Así se corre el telón para una de las preocupaciones más mencionadas en los últimos días por Elisa Carió y Mauricio Macri que venían denunciado que el sistema electoral ‘está montado para la trampa en la provincia de Buenos Aires’.
El apoderado del PRO, José Torello, quien impulsó la medida comentó, en declaraciones a DyN, que ‘esperábamos la aprobación del pedido porque es razonable que nos permitan fiscalizar en cualquier lado‘.
‘A los fines de la fiscalización de las PASO del 9 de agosto, las generales del 25 de octubre y su eventual segunda vuelta el 22 de noviembre y siendo que para la elección de presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur distrito nacional, el territorio nacional constituye un distrito único, los fiscales o fiscales generales de los partidos o alianzas nacionales podrán ser electores de un distrito distinto al que pretenden actuar‘, transmitió la jueza Servini de Cubría en su resolución. Asimismo, la jueza estableció que los partidos y alianzas del orden nacional tendrán plazo ‘hasta el 4 de agosto‘ para comunicar al tribunal ‘la nómina de fiscales generales por distrito único con los datos personales completos y el distrito donde cumplirán funciones‘.
José Torello explicó que el macrismo ‘en Capital tiene un exceso de fiscales por la cantidad de militantes y voluntarios del PRO‘, pero ‘en algunos distritos de la Provincia hay algunas complicaciones y, por eso, pedimos el traslado de fiscales‘.