La causa por la denominada "mafia de los medicamentos" llegó a la Cámara Nacional de Casación, máximo tribunal penal del país, que deberá resolver si excarcela a los detenidos Juan José Zanola, a su mujer Paula Aballay y a otros procesados en el caso.
La decisión fue tomada por la sala II de la Cámara Federal al conceder los recursos de apelación presentados por Zanola, su mujer y los también detenidos Miguel y Martín De Marco y María Victoria Berisso, secretaria del dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, según lo detallas las resoluciones.
Todos están procesados con prisión preventiva por el juez federal Norberto Oyarbide, acusados de liderar o integrar asociaciones ilícitas que adulteraban, robaban o bien estafaban medicamentos al Estado, mediante la falsificación de troqueles que figuraban entregados a pacientes graves inexistentes.
La Cámara Federal derivó así a su superior, la Cámara de Casación, la decisión final sobre las libertades de todos los apresados, quienes pretenden esperar excarcelados el futuro juicio oral en su contra.
El sindicalista Zanola -a quien la semana pasada se le rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria- está detenido con presión preventiva en la cárcel de Marcos Paz junto al médico oncólogo Miguel De Marco, ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos y su hijo Martín.
En tanto, Paula Aballay está en el penal de mujeres de Ezeiza junto a María Victoria Berisso.
El fallo de la Cámara Federal fue firmado por Horacio Cattanni, Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Por otro lado, en los tribunales federales de Retiro se entregaron ayer en la mañana ante Oyarbide otros dos prófugos, el médico y ex titular del Banco de Drogas del Ministerio de Salud de la Nación Roberto Loiácono y su hijo Fernando.
Ambos tenían pedidos de captura desde la semana pasada, luego que la Cámara Federal revocó sendas exenciones de prisión concedidas por el juez que investiga el caso.
Según la imputación, Loiácono padre, estaría involucrado en escuchas telefónicas donde se habría hablado de "direccionar" una licitación a favor de una droguería que mantenía vínculos con su hijo, Fernando.
Esta licitación había sido lanzada desde el Ministerio para la adquisición de drogas vinculadas a la fabricación de medicamentos contra la gripe A y es uno de los aspectos que investiga la megacausa.
El ex funcionario llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002, ubicado en el barrio porteño de Retiro con sus abogados Roberto Boico y Eduardo Barcesat, mientras que su hijo lo hizo con otro defensor, Gonzalo Díaz Cantón.
Ambos quedaron detenidos e incomunicados en una dependencia carcelaria de Capital Federal.
Fuentes judiciales estimaron que Oyarbide les tomaría declaración indagatoria, probablemente, mañana luego de que termine de "procesar la abundante información" obtenida en procedimientos realizados en los últimos días.
Barcesart indicó que su cliente quiere declarar y que está "suspendido" en sus funciones.