El Consejo de la Magistratura, órgano que controla a jueces en Argentina, sancionó ayer al magistrado Claudio Bonadío. El organismo, con mayoría de votos oficialistas, sancionó al juez Bonadío con un descuento del 30 por ciento sobre su salario en castigo por las demoras en que incurrió en dos expedientes relacionados con la privatización del astillero Tandanor y con la concesión de créditos a la fábrica de cueros Yoma.
Los consejeros decidieron por mayoría (simple) -7 votos a favor y 6 en contra- multar a Bonadío con un descuento del 30 por ciento sobre sus haberes, por única vez.
A favor de la multa al juez Bonadío votó el consejero Julián Alvarez (secretario de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en ese cuerpo del Poder Judicial), además del representante del estamento académico Jorge Daniel Candis. También votaron a favor Pablo González (senador Frente para la Victoria), Héctor Recalde (diputado FpV), Eduardo ‘Wado‘ de Pedro (diputado FpV), Ruperto Godoy (senador FpV) y Gabriela Vázquez (jueza).
En contra de la multa y a favor de la desestimación del expediente votaron Luis Cabral, Leónidas Moldes ((juez), Gustavo Valdes (diputado Unión Cívica Radical), Angel Rozas (senador UCR), Graciela Donato (abogados) y Miguel Piedecasas (abogado).
Los que votaron en contra de la multa dejaron claro que el accionar del juez es cuestionable, pero explicaron que se basaban en argumentos técnicos para rechazarlo ya que había pasado más tiempo del que la ley establece, y elegían no tratar el fondo de la cuestión que es el mal desempeño del magistrado.
La multa es del 30 por ciento sobre los haberes del magistrado, aplicándose por única vez, según lo dispone la ley, pero fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron que la sanción ‘puede ser apelada por el magistrado ante la Corte Suprema de Justicia, como ya lo hizo en otra oportunidad, que resultó favorable al magistrado‘. Las fuentes estimaron que en el caso de Bonadío la multa sería de unos 20.000 pesos, teniendo en cuenta el sueldo que percibe el magistrado, y también advirtieron que ‘la acumulación de multas también da lugar al pedido de juicio político‘.
Bonadío, quien acumula diez denuncias ante el Consejo por mal desempeño, ordenó hace dos semanas el allanamiento de Hotesur,
gestora del lujoso hotel patagónico Alto Calafate, de la cual sostienen que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es accionista. Fuentes: Télam y DyN