Un increíble caso de mala praxis registrado en una clínica mendocina, pone otra vez la lupa sobre el accionar de algunos médicos y su descuido a la hora de atender a sus pacientes.

El episodio afectó a dos menores, ocurrió en junio de 2017 en el Hospital Santa Isabel de Hungría de Guaymallén, el centro asistencial del sindicato de Camioneros, pero se ventila por estos días en la Justicia a raíz de las demandas civiles presentadas por los padres de uno de los chicos que resultó perjudicado.

Los nombres de los menores fueron resguardados, pero se supo que fueron victimas de una operación cruzada en el momento en que estaban en el quirófano. Es decir, a uno lo operaron de la dolencia del otro. Y viceversa.
 

Matías (su nombre de fantasía) tenía 11 años cuando su mamá lo llevó al Hospital para internarlo por una inflamación fuerte en su testículo izquierdo (hidrocele) que, como pensó la madre, era consecuencia de las actividades que desarrollaba. Entre ellas, la equitación criolla.  

Juan (otro nombre de fantasía) tenía cuatro en ese momento y sus padres ya tenían el diagnóstico: padecía de fimosis, es decir, la incapacidad de exponer el glande ya que la piel que la recubre no tiene abertura suficiente y no es posible retraerla.     

Los dos, ese 1 de junio del año pasado, quedaron internados en la misma sala del hospital esperando por la cirugía que estaba programada para las tres de la tarde. Como suele suceder en la mayoría de los sanatorios, llegada la hora les dijeron que deberían esperar al último turno en la salda de operaciones y que ambos serían llevados al quirófano a las seis.

Llegada la hora programada, primero fue el turno de Matías. Y, minutos después, el de Juan. 
No pasaron dos horas que los chicos volvieron a la habitación con vendas en la zona intervenida y , por supuesto, con dolores.

Un poco extrañada por el vendaje que le habían colocado a Matías, su mamá alcanza a interceptarlo al médico quien ya se estaba yendo de su trabajo media hora después de haberlo operado.

Ante los nervios de la mujer, fueron a la cama de Matías, levantaron las sábanas y cayeron en la cuenta, porque el médico así se los reconoció, que en lugar de haberlo operado de hidrocele lo habían intervenido por una fimosis. En otras palabras, lo habían circuncidado. Y a Juan, a la inversa.

Los días posteriores a la operación fueron un calvario para las dos familias, que buscaron una explicación del hospital por lo ocurrido. El cirujano desapareció de las juntas médicas a las que lo habían convocado y el nosocomio empezó a enviar solo abogados y contadores a las reuniones.

Finalmente los padres de las víctimas llegaron a un arreglo extrajudicial con el médico a través del seguro que lo cubría por mala praxis y terminaron cobrando por ese acuerdo cifras de entre $120.000 y $170.000.

Pero como consecuencia del daño psicológico y por la afección física, la familia de Matías decidió acudir a la justicia Civil con demandas contra la obra social y contra la propia clínica. Lo llamativo del caso, son las explicaciones que dio el propio médico durante el proceso para justificar su error.

“El médico, según está escrito en el informe pericial, al estar en el quirófano dijo que le realiza un nuevo examen físico (a Matías) y corrobora hidrocele testicular izquierdo sin la tensión observada en consultorio. Evidentemente el liquido se había absorbido. Se realiza un examen peneano de rutina observando el prepucio abundante que no permite que se retraiga el glande. Por ello, se anestesia al niño y se realiza apertura de anillo prepucial,  observándose glande con múltiples adherencias. Por ello se dice, por edad y patología, operarlo de eso. Dejando para un segundo término la intervención de hidrocele”. 

En otras palabras: en la manifestación para justiciar su error, lo que argumentó fue que vio que el testículo afectado se había desinflamado y que, al ver el problema en el prepucio, decidió quitarlo. 

“Ante que nada resulta importante destacar, que no hay intención en el accionar del médico de producir un daño o dolo. Se pueden producir (por este caso) diversas circunstancias inherentes a la mala praxis”, concluye el informe firmado por la médica legista y laboral Patricia Díaz Peralta, que intervino como informante de parte en la etapa prejudicial.

La especialista destaca un punto clave que, quizás de manera cotidiana, muchos pacientes y familiares de estos atraviesan en situaciones en las que están entregados a las manos de un médico: que los hospitales deben consultarlos antes de tomar decisiones como las que tomó este cirujano dentro de la sala de operaciones.

La Joint Commission es una agencia norteamericana que estableció protocolos para las buenas prácticas en los hospitales y definió cómo proceder con una serie de normas y sugerencias para prevenir casos de cirugías destinadas a otras personas. 

Como primera medida, se debería verificar que el procedimiento el correcto, para el paciente correcto y en el sitio correcto.

También, de ser posible, involucrar al paciente o a sus familiares en la verificación de ese proceso. Por otra parte, comprobar la disponibilidad de la documentación, como la historia clínica. Y por último, confirmar la veracidad de esa documentación con el paciente o con la familia. Evidentemente, en este caso, ninguna de estas normas fueron tomadas en cuenta.

Fuente: MDZ