En la vuelta de la paritaria nacional docente, los gremios y el Gobierno acordaron ayer conformar 10 comisiones de trabajo para avanzar no sólo en el tema salarial, sino también en un "gran acuerdo educativo" con una "agenda común" para el sector.


Ese fue el resultado del primer encuentro celebrado por las partes con lo que pareció alejarse la chance de conflictividad antes del inicio de las clases. Esto, a pesar que el Gobierno no puso una oferta de aumento salarial sobre la mesa.


Una señal de ese buen diálogo que por ahora mantienen las partes fue la conferencia de prensa final, que compartieron los ministros y los sindicalistas. Allí, el ministro de Educación Nicolás Trotta señaló: "Fue una reunión muy positiva. Hemos manifestado nuestro compromiso de poder empezar a construir un gran acuerdo educativo, que permita que tracemos una agenda común. Asumimos el compromiso de federalizar las políticas educativas".


Fue una reunión de acercamiento, en el que los cinco gremios de alcance nacional Ctera, Uda, Amet, Cea y Sadop plantearon sus inquietudes. 


En lo estrictamente salarial, los gremios piden dos puntos. Subir el piso del salario docente, que hoy está en $20.250 pesos, en primer lugar. "Sobre un total de un millón de maestros, 250 mil cobran el mínimo. Es decir, son pobres. No se puede tener un sistema educativo dinámico si tenés docentes en la pobreza. Se necesita empezar a igualar un sistema que está muy fragmentado por provincias", planteó Sergio Romero, secretario general de UDA.


Por otro lado, los sindicatos centrarán la discusión fuerte en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el único componente del salario que paga el gobierno nacional. El Fonid está congelado en $1.210 por cargo desde 2016. Según un cálculo que hace Sadop, entre 2015 y 2020, el Fonid cayó un 32,4% en términos reales. Para recuperar el poder de compra que tenía cinco años atrás, aseguran que se necesitarían $12.655 millones adicionales sobre el presupuesto asignado.


Por otra parte, CTERA exigió que se cumpla con la meta de inversión del 6% del PBI que marca la ley. El año pasado la inversión fue del 4,9%.


La paritaria nacional había sido suspendida por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri que dejó en manos de las provincias la discusión de los salarios.