Sin rodeos, el presidente Mauricio Macri expresó ayer su desacuerdo con la liberación de los que protagonizaron serios incidentes en las inmediaciones del Parlamento, el pasado lunes 18, en momentos en que se debatía la reforma previsional, en tanto en la Justicia siguen abiertos los procesos contra los violentos, y la Ciudad se presentó como querellante para que "paguen de su bolsillo".

Macri, en un brindis de fin de año con periodistas y personal de la Casa Rosada, reclamó mayor severidad contra los que cometen delitos. "No puede ser que alguien que hace un atentado sea liberado a las 24 horas", dijo, y sostuvo que "si uno tira una piedra de ese tamaño, está dispuesto a matar".

En tanto, el gobierno porteño se presentó como querellante para que "paguen de su bolsillo" los autores de los daños causados en la plaza del Congreso.

Ante una consulta puntual, Macri dijo que coincidía con la apreciación del fiscal Germán Moldes, quien habló de un "festival de liberaciones", de los arrestados durante los desmanes, que recuperaron su libertad a las pocas horas. "Sí, absolutamente -respondió Macri-, tenemos que tener la mejor legislación y los mejores jueces que cuiden a la enorme mayoría de argentinos que apostamos a la convivencia pacífica", indicó.

En este sentido, subrayó que "es algo que nos tiene que comprometer a todos" porque -afirmó- "no hay una solución mágica".

Por otra parte, el juzgado a cargo de Sergio Torres llamaría a declaración indagatoria a todos los que sean identificados en videos y fotografías tomados en la jornada de violencia.

Torres investiga los delitos de "daños, lesiones, intimidación pública, perturbación de una sesión del Congreso y resistencia a la autoridad", de acuerdo a la imputación de la fiscal del caso, Alejandra Mangano.

Según explicaron a Télam fuentes judiciales, la fiscalía "no descarta" sumar la figura de sedición una vez que analice el expediente, aunque por el momento no se encuentra entre las imputaciones.

La defensa del prófugo militante del Frente de Izquierda Sebastián Romero, filmado mientras usaba un arma tumbera contra la Policía, apeló ayer el rechazo de su exención de prisión y, ahora, deberá resolver la Cámara Federal.

Torres liberó a los 70 detenidos el lunes, pero la causa continúa y la situación se complicará para aquellos que sean identificados cometiendo desmanes en los alrededores del Congreso.

Una de las situaciones polémicas que derivó de la jornada de violencia fue la reacción del diputado Leopoldo Moreau a la agresión que sufrió el periodista Julio Bazán, cuando dijo que "fue víctima del grupo al que representa".

Bazán y Moreau se cruzaron en radio Mitre, oportunidad en la que el periodista de TN dijo que el legislador -del Frente para la Victoria- es un "irresponsable. Se perdió la oportunidad de echarle agua al fuego de la violencia encendida el lunes; en cambio le echó nafta", dijo. Moreau insistió con que "muchos casos" de violencia callejera contra periodistas "tienen que ver con el aliento que le dieron algunas empresas periodísticas al escrache, el insulto y la agresión".

Que los violentos paguen los daños

Después de los desmanes en la Plaza del Congreso que quedó destrozada a poco de haber sido reconstruida,el gobierno porteño buscará algún tipo de resarcimiento por parte de los violentos.

El procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, explicó que más allá de la sanción penal, el gobierno porteño también iniciará una demanda civil contra "aquellas personas que estén identificadas para resarcir el perjuicio que cometieron y que paguen de su bolsillo los daños que realizaron a la plaza".

Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, la reparación total de los daños causados en la plaza demandará 24 millones de pesos, poco menos de la mitad del monto total que se destinó a principios de año para la puesta en valor de ese espacio público, que ascendió a 59 millones.