El exministro de Planificación Federal Julio de Vido sumó ayer un segundo procesamiento por la políticas ferroviarias, en este caso por no haber instrumentado la renegociación de las concesiones de la líneas de trenes de los años noventa.

El juez federal 2 de la Capital, Sebastián Ramos, lo procesó junto al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, por los delitos de ‘incumplimiento de los deberes de funcionario público‘ y ‘negociaciones incompatibles‘ con la función.

También les trabó un fuerte embargo de 500 millones de pesos a cada uno en una resolución en la que aludió al ‘incumplimiento de la ley 25,561 en lo concerniente a la obligación de renegociar los contratos de servicios públicos del área metropolitana‘

De Vido ya fue procesado en mayo pasado por el juez federal Claudio Bonadío por su supuesta responsabilidad en la tragedia ferroviaria de febrero del 2012, por la cual Jaime ya está condenado.

Esta causa se basa en una denuncia iniciada en agosto del 2012 por Edgardo Carranza de la denominada Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes quien apuntó contra Jaime y su sucesor, Juan Pablo Schiavi, también condenado por el trágico accidente ferroviario. Según el denunciante existió un ‘acuerdo entre funcionarios públicos y las empresas concesionarias de los servicios de ferrocarriles, para que éstas no llevaran adelante los planes de inversión establecidos en 1994 al momento de producirse la concesión del sistema ferroviario. El objetivo habría sido mantener el régimen de excepción de la emergencia ‘con el fin de continuar recibiendo subsidios sin realizar las inversiones.

La maniobra se habría concretado bloqueando la puesta en funcionamiento de un organismo interjurisdiccional denominado Ente Coordinador de Transporte Metropolitano (Ecotam), creado por ley 25031 sancionada en octubre de 1998 para coordinar el sistema ferroviario. En 2003 se creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicio Públicos UNIREN que nunca fue integrada técnicamente ni convocada para avanzar en la renegociación de los contratos de concesión de Trenes de Buenos Aires SA, Ferrovías SA y Metrovías SA , según se constató en la investigación.

‘No se cumplió con lo ordenado por la ley 25561 en su artículo 9, a través del cual encomendó al Poder Ejecutivo la renegociación de los contratos de concesión de los servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, tarea que fue a su vez delegada en la Secretaría de Transporte‘, señala la resolución de juez Ramos.