La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó por la compra de un edificio para el organismo, en 2013, por más de 43 millones de pesos. Pero modificó la acusación original y le impuso el delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".

La acusación abarca al exsubdirector de la Procuración, Guillermo Bellingi, como también a Adrián Fuscher, Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill, quienes participaron de la compra. Gils Carbó y Bellingi son considerados autores del delito, por haber sido funcionarios públicos y los demás quedaron procesados como partícipes necesarios, explicaron fuentes judiciales.

Gils Carbó dejó la Procuración en diciembre de 2017 pero anticipó públicamente su alejamiento en octubre de ese año, luego de que el juez Julián Ercolini decidió procesarla por la compra del edificio, donde se instaló el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la calle Perón 667.

Los camaristas Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia dictaminaron que no hubo perjuicio contra el Estado en la compra del inmueble pero sí los señaló como responsables del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

En ese sentido, coincidieron con el juez Ercolini en cuanto a las características que se exigía que debía tener el edificio, ya que no iba a albergar dependencias en las cuales funcionarían fiscalías con concurrencia de público, sino solo áreas administrativas de la Procuración.

Télam