A la estrategia política de buscar apoyo regional e internacional en su cruzada en defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas, el Gobierno argentino le agregó ahora la cacería judicial contra las petroleras y sus socios que operan en las islas en busca de hidrocarburos.
Según informó ayer en conferencia de prensa el canciller, Héctor Timerman, Argentina iniciará una ofensiva judicial ‘dentro y fuera del país‘ contra empresas que realizan perforaciones y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas y contra firmas y bancos que les brindan ‘apoyo logístico‘, ‘servicios financieros‘, ‘inversionistas‘, ‘asesoría y consultoría en general‘.
Por su parte, apenas se conoció las nuevas medidas argentinas, desde el Gobierno británico se hizo saber que ‘la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo y el Gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las Islas Falkland (Malvinas) a desarrollar su sector de hidrocarburos‘.
Timerman anunció que ‘la presidenta Cristina Fernández instruyó iniciar un Plan de Acciones Legales del Estado Nacional en el país y en el exterior, contra actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur‘ que incluirá ‘denuncias penales, civiles y administrativas‘ contras empresas que operan en ‘tres niveles‘ en la actividad de explotación y exploración petrolera.
La estrategia incluirá denuncias penales y comerciales contra ‘bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo‘ que hoy operan en el país y en el exterior.
La ofensiva del Gobierno argentino comprenderá a empresas ‘que poseen ilegítimas licencias‘ otorgadas por Gran Bretaña ‘para buscar petróleo‘ y ‘que operan en las bolsas de valores de Londres‘ y ‘Estados Unidos‘.
Al explicar los argumentos legales, Timerman señaló que ‘se trata de la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales que son propiedad del pueblo argentino y que el Gobierno tiene la obligación de defender‘.
En ese marco, señaló que la explotación y exploración de hidrocarburos que llevan a cabo firmas con licencias británicas ‘son acciones ilegales porque violan dos principios legales‘ entre los que mencionó: ‘La Ley argentina de Hidrocarburos‘ y ‘las resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a las partes (Argentina y Gran Bretaña) a no adoptar ninguna medida unilateral sobre la zona mientras no se resuelva la controversia por la soberanía‘.
En ese marco, anunció que ‘se remitirán notas de advertencia y asunción de riesgo a empresas y empresarios.
Aseguró que ‘se remitirán notas a los accionistas institucionales de las empresas petroleras involucradas‘, como así también ‘notas de aviso a entes reguladores bursátiles donde operen las empresas involucradas‘ para que ‘exijan a las compañías que brinden al mercado información acerca de la existencia de una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes‘.