El juez federal Julián Ercolini decretó ayer la inhibición general de bienes del empresario kirchnerista Cristóbal López, de su socio, Fabián de Souza, y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo.
La medida fue adoptada en la causa en la que se investigan irregularidades en el destino de tributos -específicamente el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC)- y una supuesta evasión cometida con aportes previsionales.
En la resolución, el abogado Ricardo Gil Lavedra fue aceptado como actor civil en nombre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo que remarcó el ‘perjuicio económico millonario‘ al Estado en al menos 7.665.771.438,63 de pesos, ‘que se compone de la detracción (sustracción) de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió ‘Oil Combustibles SA‘. Y solicitó medidas cautelares ‘a fin de resguardar el millonario crédito fiscal y evitar así la frustración de los derechos que corresponden‘ a la administración pública, ya que -a su criterio- ‘Oil Combustibles SA y las empresas del grupo Indalo, exteriorizaron su firme voluntad de sustraerse de las medidas legales que permitieran a la AFIP recuperar el monto de la deuda de marras‘.