Mendoza, 2 de febrero.- El abogado de organismos de derechos humanos Diego Lavado denunció hoy que presos alojados en el complejo penitenciario San Felipe, de la ciudad de Mendoza, fueron sometidos a torturas, y aportó videos donde se observa a un grupo de penitenciarios golpeando a un detenido.

"Hemos logrado identificar a los autores materiales", indicó Mario Adaro, ministro de Gobierno de Mendoza en diálogo con C5N, quien señaló que serán separados del cargo y puestos a disposición de la Justicia. El funcionario detalló además que pasaron a disponibilidad al jefe de Seguridad Interna.

Esta información fue confirmada por también por el ministro de Seguridad provincial, Carlos Aranda, a Radio 10, quien además añadió: "Estas personas no merecen vestir el uniforme, todo el servicio penitenciario lo repudia".

El titular de la cartera puntualizó además el proceso a seguir tras el reconocimiento: "A partir de la inspección, la primera medida es determinar el pase a pasiva para que se pueda dar paso a la investigación. Si llegan a quedar imputados, se puede llegar a la cesantía".

Por su parte, el abogado precisó que la información llegó recientemente a la Asociación de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, a la que pertenece, e indicó que presentó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos de la provincia. En declaraciones a la prensa, Lavado dijo que las imágenes que llegaron a esa organización aparentemente fueron tomadas con "un teléfono celular de un agente penitenciario" y habría sido hallado "en las cercanías de la penitenciaría", aunque no mencionó por quién.

En uno de los videos, que fue subido hoy a varios portales de internet de la provincia, se ve a "penitenciarios que golpean" a un preso y hay "otro donde se ve como golpean a un menor adulto (de entre 18 y 21 años), siempre en el Complejo San Felipe", sostuvo.

Las filmaciones, aseguró Lavado, fueron tomadas en "mayo, junio y julio" del año pasado. Los penitenciarios involucrados, aseguró, pueden ser identificados por "las caras" y tanto la Justicia como la Inspección General de Seguridad, dijo, deberán investigar y determinar de quiénes se trata.