Dos fiscales federales pidieron ayer que se cite a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros 33 acusados por montar una ‘operatoria criminal‘ orientada a sustraer fondos públicos mediante la ‘asignación discrecional‘ de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez.
La acusación que recayó sobre la expresidenta es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por ‘más de 16.000 millones de pesos‘, según el dictamen al que accedió la agencia oficial de noticias Télam.
El pedido de Pollicita y Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la expresidenta a empresas beneficiadas con obra pública, informaron fuentes judiciales.
Pollicita y Mahiques, que pidieron indagar a la expresidenta Fernández de Kirchner, esbozaron que se podría estar ante una asociación ilícita liderada por ella y su difunto esposo y expresidente Néstor Kirchner como ‘eje central‘ para diseñar un plan criminal para defraudar a través de la obra pública.
En el dictamen, los fiscales recordaron que ‘en el patrimonio de los Kirchner se vislumbran propiedades construidas a través de un fideicomiso entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones o que Lázaro Báez desde 2008 hasta 2013 administró y explotó sus hoteles en el sur, garantizándoles pagos millonarios‘.
Según la acusación, los Kirchner ‘con el fin que su designio se llevara a cabo sin resquicios, colocaron en los lugares claves a personas que sabían que participarían de esta empresa criminal y controlarían desde sus cargos en el Poder Ejecutivo a los funcionarios de menor grado de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Agencia de Vialidad de la Provincia‘ de Santa Cruz.
En el pedido de indagatoria, Pollicita y Mahiques incluyen -además de Cristina- a Julio De Vido, ex ministro de Planificación, quien ya se encuentra procesado en tres causas: La tragedia de Once, la compra de trenes chatarra a España y la no renegociación de los contratos ferroviarios. También a José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas, quien está preso y procesado después que el 13 de junio se lo encontró intentando esconder 9 millones de dólares en un monasterio. También a Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, y primo del expresidente Néstor Kirchner. Además, a Julio Ortiz Andino, ex subadministrador de la DNV y actual ministro de Infraestructura sanjuanino. Por Facebook, Cristina consideró como una ‘novela’ el pedido de Pollicita y Mahiques.
Télam y DyN