Este martes, Mauricio Macri firmó un DNU sobre la Extinción de Dominio. Esta medida generó polémica ya que desde algunos sectores aseguraron que es inconstitucional.

Además, desde la oposición, particularmente el FPV y el Peronismo Federal, sostuvieron que la norma no debe salir por decreto y que es una estrategia de campaña del Gobierno “en el medio de una crisis económica”.

En CRadio Mitre, el senador Federico Pinedo explicó que “la emergencia en seguridad que ha generado esto. La falta de la sanción de una ley de extinción de dominio obedeció a un trámite no muy bueno del Congreso, porque primero Diputados aprobó un proyecto demasiado laxo, peligroso y poco respetuoso de las garantías constitucionales. Bastaba con una sospecha de un fiscal sobre un bien para que se lo sacaran a una persona”.

Mientras que en el Senado, según Pinedo, “hubo una discusión muy intensa que duró 2 años, invitando a expertos del mundo y se intentó hacer una cosa diferente. Llegamos a un acuerdo en el primero, y en el segundo nos pusimos en desacuerdo. Decían que la Extinción de Dominio se producía solo con condenas firmes, y en Argentina el proceso dura 14 años para delitos de corrupción en promedio”.

Además, mencionó que Argentina firmó en la última década convenios anticorrupción en distintos lugares del mundo, “porque hay delitos que han aparecido masivamente que son dramáticos para la democracia: narcotráfico y corrupción internacional”.

“Los convenios establecen mecanismos complejos para atacar los delitos. Una de las cosas que se ha establecido en muchos países es la extinción de domino, que básicamente significa que el dinero proveniente de esos delitos pueda ser agarrado y devuelto a los Estados saqueados. No es un tema de Argentina, es generalizado en el mundo. Desde ese punto de vista no hay nada extraño de persecución política ni nada por el estilo, argumentó.

Según el senador, el DNU “es completamente equilibrado y dice que no cualquier persona puede sacar un bien por la sospecha de un fiscal. Cuando un juez penal investiga delitos graves puede tomar medidas precautorias y realizar la extinción de dominio. El presidente encontró un camino razonable entre lo del Senado y Diputados que no convencía a nadie”.

Además, concluyó que “no es inconstitucional. Lo que depende de la constitucionalidad es la emergencia. Comprendo que la oposición diga ante cualquier DNU que no hay emergencia y que por eso sería inconstitucional.  La solución del presidente es mejor de la que había en la mesa”.