El presidente Mauricio Macri espera lanzar en diciembre un Plan Nacional Anticorrupción, mientras planea forzar a los gobernadores a avanzar en sus agendas de transparencia locales.

Tras la difusión del "Gloriagate", el caso de presuntas coimas que involucra a empresarios y referentes de la era kirchnerista, Macri espera que en diciembre el Ejecutivo, cada ministerio y los organismos descentralizados presenten un plan para profundizar políticas de transparencia para los próximos cinco años.

El martes, el Presidente comprometerá a sus ministros en la reunión de Gabinete. Así se definió ayer al mediodía durante la reunión que el mandatario compartió en Olivos con los integrantes de la mesa de transparencia. El jefe de Estado busca trasladar la agenda de transparencia a las provincias.

El plan está diseñado -bajo la tutela del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana- por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el síndico Alberto Gowland, el director de la Agencia de Acceso a la Información, Eduardo Bertoni y el subsecretario Gobierno Abierto del ministerio de Modernización, Rudi Borrmann. "Hay que darle para adelante más que nunca. Se hizo un montón, hay que seguir profundizando hay que ir hasta el final", les dijo el mandatario.

Cada cartera y los organismos descentralizados deberán presentar políticas sectoriales de transparencia específicas más allá de las obligaciones que ya tienen con las contrataciones electrónicas y la ley de ética pública. "Estarán obligados", explicó uno de los funcionarios que participó de la reunión. Jefatura de Gabinete y la mesa de transparencia oficial coordinarán la colaboración de los ministros.

En noviembre habrá una presentación previa ante ONG y representantes del sector privado para escuchar alternativas y sumar sugerencias al proyecto. "Fue una muy buena reunión, muy intensa y el Presidente nos metió presión", dijo Sánchez.

Macri pretende además obligar a los gobernadores a replicar el plan en sus distritos. "¿Cómo hacemos para potenciar esto en las provincias, para que las provincias se suban a esto?", insistió varias veces. Pocas provincias cuentan con leyes de acceso a la información y otras, como Córdoba, no tienen ley de ética pública.

El Plan Nacional Anticorrupción 2019/2023 pretende replicar modelos similares de países como Gran Bretaña y Colombia. "Se hizo un montón, pero es importante ampliar y coordinar el trabajo para que la transformación sea sustentable", explicó Alonso.

Hay más razones para la presentación del Plan Nacional. En el Ejecutivo tienen la percepción de que la ciudadanía no está informada sobre las políticas de transparencia que se ejecutaron hasta el momento. El Ejecutivo quiere volver a levantar una bandera que le trajo réditos políticos en el pasado y que en los últimos meses había quedado opacada por las denuncias por el financiamiento de aportantes truchos. En septiembre, a más tardar, el oficialismo enviará al Congreso el demorado proyecto para una nueva ley de Ética Pública, que llevará el nombre de "Integridad Pública".

El presidente además buscará impulsar la agenda de transparencia dentro del G20 que le toca presidir este año. "La idea es que el G20 apruebe o recomiende que los países miembros tengan un plan nacional anticorrupción", afirmó.

>Macri reclama que "no haya impunidad"   

Ante un grupo de jubilados y con la estética 360º que Cambiemos suele utilizar durante las campañas electorales, Mauricio Macri pidió en un discurso de casi 24 minutos: "Necesitamos que la Justicia nos diga si esto es verdad y que nos demuestre que no hay impunidad".

"Hemos visto noticias que si la justicia las confirman son muy negativas en términos de consolidar confianza. Cuando ustedes escuchan de esos cuadernos, claro, cuesta así creer que podemos todos juntos construir una Argentina distinta con todos dentro de la ley, empujando el carro de la misma manera".

"Por eso hoy más que nunca necesitamos que la Justicia nos diga si eso es verdad, que la Justicia nos demuestre que no hay impunidad, porque necesitamos creer en nosotros mismos".

Así el Presidente se refirió por primera vez en público al escándalo de los cuadernos de la corrupción durante un acto que encabezó en Quilmes en el que también reclamó al PJ que permita avanzar con la ley de "extinción de dominio" que duerme en el Senado por oposición del bloque que conduce Miguel Pichetto.

"Esa es la ley que nos permite recuperar la guita que nos afanaron", lanzó.

En otro tramo del discurso, Macri afirmó: "No queremos más políticos que nos digan que vienen a terminar con la pobreza y la única pobreza con la que terminan es la de ellos. Por eso lo primero que hemos hecho es decirles: señores, uno de los grandes móviles que permiten estos niveles de corrupción es el desorden presupuestario".

También pidió: "Sancionamos la ley del arrepentido, que va a ayudar mucho, porque el colaborador descubre a todo el resto lo que pasó".

Después de 5 meses de negociaciones, el Ministerio Público Fiscal cerró un acuerdo con su equivalente de Brasil para obtener pruebas que la Justicia de ese país tiene sobre el caso Odebrecht. Por lo pronto, las pruebas serán utilizadas en varias causas por el presunto pago de sobornos, que involucran obras como el soterramiento del tren Sarmiento, las plantas potabilizadoras de Aysa en Berazategui y Zárate y los gasoductos del norte y sur de la Argentina.En el ínterin hubo reuniones entre la Procuración General, la Oficina Anticorrupción, la Cancillería y los fiscales argentinos de las distintas causas. Así lo confirmó el Procurador Eduardo Casal, quien señaló que el convenio comprende que las declaraciones de los arrepentidos no serán utilizadas en su contra, pero sí del resto de los involucrados. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acuerdo "permitió consensuar los términos de un modelo de compromiso que despeja el camino de los fiscales y sirve como una herramienta puesta a su disposición". En ese contexto, desde la Procuración señalaron que el pacto permitirá que los funcionarios judiciales locales puedan "tengan la posibilidad de acceder a las informaciones y pruebas reveladas en Brasil".