Buenos Aires, 25 marzo.- La Iglesia y el gobierno nacional
volvieron hoy a confrontar luego de un período de tregua, a raíz
de un documento crítico referido a la inseguridad y al conflicto
con el campo difundido por el Episcopado.
El encargado de salir al cruce con los religiosos fue el
ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, quien le pidió
irónicamente que "no ayuden más" al Gobierno y reclamó que las
expresiones "sean más alentadoras".
Con el mensaje "Fortalecer la amistad social", una veintena de
obispos culminó hoy dos jornadas de deliberaciones de la comisión
permanente del Episcopado, que se abocó al análisis de temas
eclesiales internos y también a alertar sobre situaciones conflictivas que atraviesa el país.
Ayer, se difundió una declaración surgida de las
deliberaciones de la comisión presidida por el cardenal Jorge Bergoglio, que advertía que la paz social "está alterada", a raíz del "conflicto permanente" entre el gobierno y el campo y la ola de inseguridad.
Durante esta mañana, los obispos insistieron en prevenir
situaciones violentas mediante diálogos "sinceros y transparentes" y la búsqueda de consensos que "fortalezcan la paz social".
"Hay que evitar las actitudes que nos enfrenten y dividan, y
que como tales generan un clima de confrontación propicio a la
violencia. El momento actual reclama diálogos sinceros y
transparentes, reconciliación de los argentinos y búsqueda de consensos que fortalezcan la paz social", demandaron los participantes de la reunión de la comisión permanente del Episcopado.
Desde el sábado pasado, los productores realizan una huelga
que incluye bloqueos totales o parciales en las rutas del país.
En otro párrafo, los prelados reclamaron políticas públicas a
favor de los más pobres y excluidos, al estimar que "la amenaza de posible crecimiento de la pobreza, en los próximos meses, es el
mayor desafío social que tenemos por delante y debe ser respondido por gestiones solidarias tanto del sector público como privado".
Según fuentes consultadas por DyN, la redacción del mensaje
fue confiada al titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social,
obispo Jorge Casaretto, y al vicepresidente segundo del
Episcopado, monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe.
Las expresiones del Episcopado merecieron una réplica del
gobierno, que a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández,
consideró que "no es alentador" que la Iglesia advierta que "la paz
social está alterada".
El funcionario cuestionó además la participación de referentes
religiosos en los "actos políticos" que se realizaron en las
últimas semanas para reclamar más seguridad.
"Le pido a la Iglesia que impida que sus miembros participen
en actos políticos", reclamó el ministro.
Fernández manifestó así el malestar oficial por la
participación del padre Guillermo Marcó, ex vocero de Bergoglio, y del rabino Sergio Bergman, en la reciente marcha contra la inseguridad que se realizó en Plaza de Mayo.
"No nos ayuden más", pidió el ministro en declaraciones a un
medio televisivo.
Sin embargo, el vocero del Episcopado, presbítero Jorge
Oesterheld, restó trascendencia a la polémica por la presencia como sacerdote porteño, al señalar que "la presencia de Marcó fue notoria porque el acto se desarrolló en la Plaza de Mayo".
"Muchos sacerdotes participan de reclamos de la sociedad en el
interior y eso no tiene gran repercusión mediática", recordó el
portavoz episcopal.
La jefa del Estado Cristina Fernández heredó del gobierno de
Néstor Kirchner, su marido y antecesor, una relación conflictiva
con la Iglesia católica.
Una de las principales controversias durante la gestión de
Kirchner se desató cuando el ex obispo castrense Antonio Baseotto criticó con dureza a un ministro que se declaró en favor de la despenalización del aborto.
El año pasado volvieron las tensiones cuando el Gobierno
ratificó la baja de los índices de pobreza un día después de que la
Iglesia manifestara su preocupación por el aumento de ese indicador.
El otro foco de tensión se produjo por el rechazo del Vaticano
a la postulación de un ex ministro como embajador ante la Santa
Sede por ser divorciado.