Mendoza, 3 de noviembre.- Mendoza está haciendo punta en materia de ampliación de derechos en la administración pública. Por esto, en el mismo sentido que hace algunos meses se incrementaron las licencias por paternidad y que la semana pasada se sancionó una ley para que los padres y madres de chicos discapacitados accedan a una reducción del 25% de su jornada laboral, la idea es ir por más. Ahora lo que se plantea es un beneficio similar para las víctimas de violencia de género.
La intención del proyecto, presentado por las senadoras radicales Claudia Najul y Ana Quiroga, es que se les otorgue un régimen de licencias y otros beneficios especiales a las mujeres víctimas de esta problemática. Esto porque, según expresó Najul, hoy por hoy lo que pueden obtener es una licencia psiquiátrica, lo que significa realizar un planteo erróneo del conflicto.
Najul dialogó con Diario UNO y manifestó cuál es el sentido del proyecto presentado la semana pasada en la Cámara Alta. Dijo que actualmente la violencia no puede ser abordada como una enfermedad psíquica que padece una persona, esto es un error y lo único que logra es revictimizar a quien la sufre. El camino correcto que se debe seguir es el de reconocer este tipo de agresión como manifestación cultural de desigualdad y poder, que se está dando en forma creciente y estructural.
La senadora explicó que este nuevo sistema de licencias se ha pensado para volver más inclusivo e igualitario el sistema. La legislación no puede dejar de mirar y estar ajena a estos conflictos. “Mendoza podría ser pionera en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, contemplando realidades que desde hace mucho tiempo existen en nuestra provincia y que merecen ser atendidas por la legislación. De esta manera, Mendoza vuelve a ser pionera en el reconocimiento de derechos para sus ciudadanos.
En qué consiste el proyecto
La propuesta es modificar la Ley 5.811, de Administración Pública, agregándole un artículo (el 50 bis). La intención es establecer que la trabajadora o el trabajador del Estado que fuera víctima de violencia de género tendrá derecho a la modificación de su jornada laboral, el reordenamiento del tiempo y del lugar de trabajo. Además de la justificación de inasistencias.
En principio, se le otorgarían 30 días de licencia, a hacerse extensiva por 60 días más. Por otra parte, se establece que el órgano de aplicación de esta legislación sería la dirección de Mujer, Género y Diversidad, dependiente del ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.
“A las víctimas les cuesta hacer la denuncia, este es un órgano más amigable que otros ministerios, por ejemplo, el de Seguridad”, opinó la senadora, y agregó que es necesario darle protección en el ámbito laboral a las víctimas que han sufrido esta dolencia social. “Si hay que cambiarlas de lugar de trabajo o justificar tardanzas, es importante hacerlo, es lo que el Estado puede hacer por ellas”.
Este año se registraron 170 casos por mes
La violencia de género se ha cobrado muchas víctimas fatales en la provincia y ha dejado a algunas mujeres mutiladas física y emocionalmente de por vida. Basta recordar a la hermana del ministro de Salud, Matías Roby, Mariana Roby, ultimada a balazos por su ex pareja, que luego se suicidó. O la mujer que denunció 22 veces a su ex marido, él que aún sigue libre. De hecho, los números de la oficina del Poder Judicial que atiende este tipo de casos (Ofavmu) hablan por sí solos.
Desde enero a agosto debieron intervenir en 170 casos ligados a este tipo de conflictos por mes, lo que hace un promedio de 6 intervenciones por día. Un número preocupante si se le suma el dato de que Mendoza figura tercera en las atenciones del número 144 para atender casos de violencia doméstica, luego de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.