El Gobierno Nacional enviará al Congreso un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil. El nuevo documento propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La intención del Gobierno es que el proyecto pase antes se observado y debatido por organizaciones de la sociedad civil, y creen que una vez en el Legislativo contarán con el apoyo de parte del peronismo y el massismo para convertirlo en ley.

 

En marzo del 2017, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Mauricio Macri destacó la necesidad de discutir y sancionar un régimen de responsabilidad penal juvenil. Más tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano sostuvo que un proyecto oficial buscaría “reducir la imputabilidad a partir de los 14 años para delitos graves o gravísimos, en los casos de homicidios y violaciones” y añadió que “probablemente, para la franja de 15 años, para otros delitos como robo con armas, para hacer una progresión en términos de la evolución dentro del delito, que se permita la investigación y la prosecución de estos procesos”.

 

El proyecto incluirá la aplicación de penas máximas de entre ocho y diez años de privación de la libertad para los menores hallados culpables de dichos delitos pero también medidas alternativas sin restricciones a la libre circulación para delitos menores.

 

Se presume que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto al Congreso en marzo, luego de que en el segundo mes de este 2018 lo someta a dialogó con organizaciones de la sociedad civil.

 

Este proyecto de ley de responsabilidad juvenil promete ser uno de los temas más conflictivos e importante que se debata en el Congreso. Tras el anuncio del Gobierno en 2017, organizaciones como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se mostraron favorables, mientras que desde la Conferencia Episcopal Argentina rechazaron la iniciativa.

 

Actualmente, Argentina cuenta con un “régimen tutelar”, que permite a los jueces disponer sobre la libertad de los menores que delinquen sin someterlos a un proceso y sin garantizar sus derechos.

 

La mayoría de países de América Latina y Europa ya incluyen la Responsabilidad Penal Juvenil a los menores desde los 14 años (Chile, Colombia, España), 13 años (Uruguay, Guatemala, Nicaragua), o 12 años (Costa Rica, Ecuador, Perú), entre otros.

Fuente: Infobae