El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, encabezó ayer la presentación del anteproyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión.

Garavano dijo que el anteproyecto viene "a saldar una asignatura pendiente", ya que la actual legislación en la materia "es un decreto de la dictadura, de 1980, y luego de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional".

El acto se realizó en la sede de la cartera de Justicia, con la asistencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Garavano señaló que "se trabajó durante tres años para redactar el texto, sobre una base empírica" y que "la clave no es sólo la ley, sino su implementación", que se estima demandará unos siete años para que se aplique en todo el país, aunque "casi todas las provincias ya tienen normativa sobre este tema".

Explicó que la edad de imputabilidad "es de término medio, similar a los muchos otros países, en los que inclusive es más baja", y que se determinó el límite de 15 años "porque es cuando se produce el click para participar en hechos de envergadura, como violaciones, homicidios, hechos con armas de fuego y otros". El ministro rechazó en ese punto las críticas que desde distintos sectores se hacen a la baja de la edad de imputabilidad, "porque o hay intencionalidad política o desconocimiento por no haber leído el proyecto, que está hace tiempo publicado para que se opine sobre él, o hay ambas cosas".

Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la edad de imputabilidad, que se establece de acuerdo al monto de las penas fijadas por las leyes a partir de los 15 años, en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal.

Será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal.

El anteproyecto fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad "que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente". Télam