Una vez más el kirchnerismo impuso anoche su superioridad numérica en el Senado nacional y logró, sin sobresaltos, la media sanción del proyecto que reforma la ley orgánica del Ministerio Público y, a través de ella, la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

La iniciativa surgió del lado del kirchnerismo que intenta frenar la designación como nuevo Procurador General de la Nación del juez Daniel Refecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández.

Es que la clave del proyecto es que a partir de la sanción de esta reforma, la elección del jefe de los fiscales sea aprobada por el Senado nacional sólo con la mayoría absoluta de los votos y no con los dos tercios como rige actualmente.

Los dos tercios se logran con el aval de la oposición y eso da un respaldo importante al procurador designado, pero el sector que encabeza la vicepresidenta, Cristina Fernández, impulsa la aprobación solo de la mayoría. También acortar el plazo del mandato de "vitalicio" a una duración de 5 años con la posibilidad de una reelección.

Esta cambio es resistido por el propio Daniel Refecas que ya comunicó al Presidente que "bajaría" su candidatura si se lo elige con la nueva modalidad. Ahora habrá que ver si el juez nominado para el cargo mantiene su postura o se retracta y acepta finalmente asumir la Procuraduría.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir ahora su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador peronista de Río Negro Alberto Weretilneck.

En este contexto, Juntos por el Cambio adelantó que no apoyaría con su voto el proyecto.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral. También, prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador. Al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad y que sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.