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‘Partícipe necesaria’. A la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, se la consideró ‘partícipe necesaria‘, en tanto se valoró que ‘conocía los desmanejos financieros‘

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron procesados ayer en la causa denominada ‘Sueños Compartidos‘, por delitos cometidos a través de esa entidad con el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

También fueron procesados el exsecretario de Obras Públicas José López -ya detenido en otra causa- y su exsegundo, Abel Fatala, quienes -se señala- le permitieron a los Schoklender ‘en su calidad de apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo‘ que ‘tuvieran el manejo de la suma de $748.719.414,64, de la cual desviaron $206.438.454,05 de su destino específico‘. A todos ellos el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó embargarles los bienes por 250 millones de pesos a cada uno.

El expediente aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos en el programa ‘Sueños Compartidos‘, plan estatal para la construcción de viviendas sociales y administrado por la fundación de Madres de Plaza de Mayo.

La Justicia considera probado que los Schoklender, en su calidad de apoderados de la fundación, ‘tuvieron una activa participación en la ejecución de las construcciones que se adjudicaran a esa institución‘, y que con posterioridad, una vez ingresados los montos correspondientes a esas obras en la institución, desviaron
206,43 millones de pesos.

La resolución judicial señala que el ‘éxito de la maniobra‘ fue posible gracias a la utilización del ‘prestigio‘ que la Asociación Madres de Plaza de Mayo cuenta en el área de la defensa de los Derechos Humanos, y ‘al infiel desempeño‘ de López y Abel Fatala -que tenían a cargo la asignación de los recursos del Estado-.
A De Bonafini (88 años) se la consideró ‘partícipe necesaria de la maniobra‘, en tanto se valoró que ‘conocía los desmanejos financieros‘ que realizaban los apoderados y que ‘al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución‘.

Para el juez Martínez De Giorgi, los Schocklender desviaron 206.438.454,04 pesos de fondos destinados a obras a través de cheques y transferencias bancarias realizadas a personas y empresas (Meldorek S.A. y Antártica Argentina S.A) que formaron parte de la maniobra.

También utilizaron personas y compañías que percibieron valores sin contraprestación alguna relacionada con la actividad de la Fundación; como fue el caso de ‘Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A.’, vinculada al financista Guillermo Alejandro Greppi, procesado por lavado de activos. En el fallo de ayer, el juez Martínez De Giorgi dictó falta de mérito de todos los exgobernadores e intendentes investigados por suscribir acuerdos con la fundación y para los exministros Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo).

Entre los exmandatarios que recibieron la falta de mérito se encuentra Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Maurice Closs (Misiones); mientras que lo mismo ocurrió con el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.
El próximo paso de la causa estará orientado a tratar de desentrañar qué se hizo con el dinero que según el juez fue desviado con destino incierto. Fuentes judiciales sostuvieron que, en los próximos días, el magistrado retomará la investigación de las maniobras de lavado de dinero.
Agencias