La Procuradora General de la Nación -jefa de todos los fiscales-, Alejandra Gils Carbó, fue procesada por fraude al Estado, debido a supuestas irregularidades cometidas en la compra de un edificio para la Procuración en Capital Federal.
El Gobierno recibió con beneplácito el procesamiento de la procuradora y conscientes de que la titular del ministerio Público Fiscal no renunciará de motu proprio, el ministro de Justicia, Germán Garavano, exigió que pidiera licencia. "Es gravísimo, debería pedir licencia ya, porque es muy grave que deba investigarla un funcionario de menor jerarquía y que depende de ella".
El juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" por la compra en 2013 de un edificio, en la calle Perón al 600, por 44 millones de pesos.
En la operación se pagaron 7,7 millones de pesos en concepto de comisión, por eso, Ercolini ordenó un embargo
de bienes de la procuradora y de los otros cuatro imputados para cubrir ese monto.
De esta manera, es la primera vez que un Procurador General de la Nación queda procesado en la Justicia.
Gils Carbó, nombrada por la expresidenta Cristina Fernández, adhirió al kirchnerismo y su accionar la convirtió en blanco del gobierno de Mauricio Macri, que desde que asumió pretende removerla del cargo.
Apenas había sido convocada a indagatoria, la funcionaria, integrante de la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima", salió a dar entrevistas rechazando las sospechas en su contra y minimizando su rol de imputada, al subrayar que el propio Macri asumió la jefatura del Ejecutivo procesado en la causa de las escuchas ilegales, en la que luego, apenas fue ungido jefe de Estado, quedó sobreseído por el juez Sebastián Casanello.
El 31 de agosto Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las abultadas comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración. Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, resultó medio hermano de Juan Carlos Thill, quien cobró la mitad de una comisión de 7,7 millones de pesos que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación. Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó.
Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo y que no hubo perjuicio para el Estado. Sin embargo, Ercolini sostuvo que "existen pruebas suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido" en esta etapa, que "Alejandra Magdalena Gils Carbó -Procuradora General de la Nación- y Guillermo Alfredo Bellingi -Subdirector General del mismo organismo- violando consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos, previo acuerdo con ejecutivos de Arfinsa Argentina Financiera SA -en particular con Adrián Marcelo González Fischer, en forma directa o a través de intermediarios- idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 667 de la Ciudad de Buenos Aires, con la intervención dolosa fundamental de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill".
Según el fallo, "mediante la maniobra, se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional". Ercolini sostuvo que "la cuantiosa prueba reunida en esta causa permite considerar que los actos de ejecución de la maniobra desarrollada, enmarcada en la administración y cuidado de bienes pecuniarios pertenecientes al Estado, habría sido realizada cuanto menos entre el 17 de diciembre de 2012 y el 15 de julio de 2013, mediante distintas acciones ardidosas".
¿Se reactiva el juicio?
El procesamiento dictado ayer contra la procuradora, Alejandra Gils Carbó, reavivó el pedido del oficialismo parlamentario para avanzar con el juicio político contra la jefa de los fiscales, al tiempo que desde la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público analizan convocarla para el miércoles 25 de octubre.