El Gobierno nacional fijó nuevas condiciones para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte de un trabajador, que deben abonar las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), a través del decreto 669/2019 publicado ayer en el Boletín Oficial.

A los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.

Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes, aplicándose la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Este índice sigue la evolución de los salarios. Hasta el momento, el cálculo del ingreso base del trabajador, lo que permite luego determinar el monto de las indemnizaciones, se realizaba según la tasa activa de los bancos. Pero a partir de ahora, se pasará a utilizar la variación del índice RIPTE. La tasa anual del Banco Nación es del 71,77 por ciento y la tasa efectiva es del 100,82 por ciento, mientras que el RIPTE durante todo 2018 fue de 30,6 por ciento. Por lo tanto, los montos finales se reducirán considerablemente.

En caso de que las ART no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En los considerandos de la medida, se destaca que resulta necesario asegurar la continuidad de las condiciones de sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, propiciando la protección de los asegurados y trabajadores mediante un sistema financieramente viable, mediante garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las aseguradoras.

Según un documento de la Confederación General del Trabajo (CGT), el decreto procura favorecer a "las empresas aseguradoras, licuando las actualizaciones entre la fecha del accidente y el efectivo pago de la sentencia, que suele demorar años", y añadió que "se desoyó el acuerdo parlamentario original que determinó como condición para aprobar el cambio de ley en 2017 la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación para abonar intereses hasta el cobro de los beneficios, por ser claramente más beneficiosa".

Según compañías de seguro, el decreto "viene a subsanar la distorsión generada por la aplicación de tasa activa de interés". A modo de ejemplo, manifestaron que "las indemnizaciones se pagan en función del salario. Considerando un salario de 42.000 pesos, la aplicación de tasa activa prevista en la ley llevaba a que se pagara indemnización como si el salario hubiese sido de 73.000 pesos. El desproporcionado sobrecosto atenta contra la vida del sistema porque lo desfinancia. No hay prima, ni rendimientos de inversión posible para financiar tal desfasaje. Ni aún las Leliqs, por nombrar un activo conocido por su muy alta rentabilidad, pudieron contra esas tasas".

"Desprecio"

El sector autónomo de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que responde a Pablo Micheli, rechazó el decreto presidencial de indemnizaciones y sostuvo que "el desprecio del gobierno por los trabajadores ya no tiene límites".