Funcionarios del Gobierno nacional salieron ayer a justificar la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley (por ‘maniobra sospechosa de fraude‘ al pedir su quiebra) que anunció el jueves pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, argumentó que ‘se trata de una maniobra sospechosa en materia de fraude‘ y que ‘las leyes pretenden penalizar las conductas perversas que afectan la vida en comunidad‘. Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, aseguró que ‘si hay una ley es para usarla, así que será la Justicia quien determinará los alcances de cada una de las leyes que le puede alcanzar a esta empresa‘.
La denuncia presentada por la AFIP contra la empresa de capitales norteamericanos Donnelley Argentina SA quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la Fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.
La empresa gráfica Donnelley pidió la semana pasada su quiebra, cerró el lunes su planta en la localidad bonaerense de Garín y dejó en la calle a unos 400 trabajadores. Capitanich encabezó ayer una reunión en la que el Gobierno nacional garantizó la continuidad laboral a los trabajadores de Donnelley, a pesar de que la misma se declarara en quiebra. Por su lado, estudiantes universitarios bloquearon ayer el tránsito durante dos horas y media en inmediaciones del Obelisco en repudio a los despidos en las empresas Lear y Donnelley.