El presidente chileno rechazó ayer que un excandidato presidencial de ese país esté soportando una guerra judicial en su contra, tal como señaló un grupo que integra Alberto Fernández.

"Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo, una nueva modalidad de lawfare (contracción que significa guerra judicial)". Así comienza el comunicado que emitió el Grupo de Puebla y que firmaron Alberto Fernández y otras 38 personalidades iberoamericanas, entre las cuales es el único jefe de Estado.

Ayer llegó la respuesta de Gabriel Boric, presidente de Chile. "Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas", dijo. Estaba Boric en un acto de entrega de viviendas de emergencia en la región del Bío Bío a los afectados por los incendios.

"Entiendo que mi ministro de Justicia ya se refirió al tema, pero no voy a escalar en polémicas cuando las urgencias están en otra parte", agregó Boric, abordado por la prensa.

Más temprano había sido Antonia Urrejola, la canciller de Boric, quien se quejó fuertemente del comunicado. "Nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes".

El comunicado, que causó otras críticas y que firman, entre otros, Evo Morales, Rafael Correa y José Luis Rodríguez Zapatero, salió en defensa de Marco Enríquez-Ominami, excandidato presidencial por el partido chileno País Progresista (PRO).

Amigo y asesor del presidente argentino, Ominami enfrenta un juicio por corrupción junto a otras personalidades de otras tendencias políticas de la derecha chilena, aunque no son defendidas en el mismo comunicado.

"En Chile, desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones", dice el comunicado.

Y agrega que "fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir la suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile".