El exsecretario de Transporte K, Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el motorman Marcos Córdoba se entregaron ayer a la Justicia luego de que la Cámara de Casación rechazó los recursos extraordinarios que presentaron para intentar acudir a la Corte Suprema en uno de los juicios por la tragedia ferroviaria de Once.

Luego de que el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2 Juan García Elorrio pidió la detención de los tres condenados, ayer se presentaron en Comodoro Py el motorman Córdoba, luego Cirigliano y posteriormente Schiavi, junto a sus abogados.

Por la tragedia del 22 de febrero de 2012 murieron 51 personas y más de 700 resultaron con heridas.

Fuentes tribunalicias informaron que Cirigliano pidió prisión domiciliaria.

En tanto, el gremio ferroviario de La Fraternidad anunció que apelará la prisión de Córdoba, al señalar que "esta decisión de la Justicia de encarcelar a un trabajador nos obligará a emplear todos los recursos legales y sindicales que nos asisten".

El arresto por la causa de Once también alcanzó al funcionario que ejerció la Secretaría de Transporte antes que Schiavi, Ricardo Jaime, ya en prisión por la causa de la compra de material ferroviario usados a España y Portugal, que se comprobó que era inservible.

Por la tragedia, Jaime tiene una condena a 7 años de prisión; Schiavi, a 5 años y medio; Claudio Cirigliano, a 7 años; y el maquinista Córdoba, a 3 años y 3 meses.

La decisión de la Cámara de Casación significó para los familiares de las víctimas un alivio y el fin de una larga espera. Por el contrario, sienta un mal precedente para Julio de Vido, el exministro de Planificación, superior jerárquico tanto de Ricardo Jaime como de Schiavi.

Es que la tragedia de Once tendrá otro capítulo conexo el próximo miércoles, cuando se de a conocer el veredicto del segundo juicio por esta causa, contra De Vido, detenido por otras causas. El fiscal Juan García Elorrio pidió para De Vido la pena de nueve años en prisión.

La decisión de prisión efectiva suscitó la reacción de los familiares de las víctimas. Entre ellas, María Luján Rey, madre del joven Lucas Menghini Rey, quien recordó que cuando inició su lucha en c de justicia le decían: "Nunca nadie va a ir preso". Pero ante ello, remarcó, "nunca bajamos los brazos, nunca dejamos de creer en que la verdad y de buscar justicia".

En la Legislatura porteña, Rey presentó ayer su libro "Desde mis zapatos", en el que relata la lucha de los familiares para lograr la justicia.

El primer juicio concluyó en diciembre de 2015, pero las prisiones quedaron sujetas a la confirmación del fallo, que fue ratificado en mayo último por la Sala III, y el jueves por casación, por los delitos de defraudación contra la administración pública, entre otros.

Los jueces de la Cámara de Casación, por mayoría, rechazaron los recursos, elevados para llegar en apelación a la Corte Suprema al sostener que "no rebatieron los argumentos esgrimidos por esta Sala en la resolución que se cuestiona, limitándose a describir su particular visión sobre el asunto".

Los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi dispusieron el rechazo, en tanto Carlos Mahiques votó en disidencia parcial. Aunque los condenados tienen la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, mediante el recurso de queja, ese trámite no es suspensivo de la condena, que comenzaron a cumplir ayer.

De qué se los acusa a Jaime y Schiavi

El jueves, la Sala III de la Cámara de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de apelación a la Corte Suprema, por lo que los condenados por el incidente ferroviario más grande de la historia argentina que aún permanecían en libertad, ingresaron a prisión. El fallo de Casación afecta también a Ricardo Jaime, quien ya está preso pero por otros juicios, y a otros 16 condenados, todos exdirectivos de la concesionaria TBA.

El castigo mayor será para Jaime: al exsecretario de Transporte de la Nación le corresponderán ocho años por estrago y administración fraudulenta contra el Estado. Se trata de una pena unificada por tres causas diferentes: la de Once más la de recepción de dádivas y la de destrucción de pruebas en otro juicio que enfrentó.

Su sucesor en el cargo, Schiavi, deberá afrontar una condena de cinco años y medio, también por estrago y defraudación al Estado. En primera instancia le habían dictado ocho años, pero Casación le redujo la sanción porque entendió que los delitos contra la administración pública habían sido cometidos principalmente durante la gestión de Jaime.