El Gobierno nacional dispuso ayer la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, prevista para el próximo 1 de marzo, y transfirió las escuchas judiciales del ámbito de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia, a través de dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), publicados en el Boletín Oficial.
En el decreto, el Ejecutivo sostiene que ‘no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido‘, es decir, para su entrada en vigencia a partir del próximo marzo.
El decreto 257/2015 establece que el nuevo Código ‘entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación‘ de esa norma, que está bajo la órbita del Congreso nacional, ‘previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación‘.
Según los considerandos, ‘la implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia‘. Además, agrega que la suspensión tiene ‘la finalidad de evitar la aplicación asistemática y carente de integralidad de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no se encuentra acabadamente planificada‘.
En ese sentido, el DNU también suspende las partidas presupuestarias establecidas para la puesta en marcha del nuevo Código y la creación de nuevas estructuras, y prevé un ‘mecanismo progresivo de asignación de recursos para atender las erogaciones que demande la efectiva implementación‘.
Sin embargo, se aclara que la decisión ‘no implica modificación alguna de normas de carácter penal, sino que proyecta sus efectos sobre la organización, el funcionamiento y aspectos presupuestarios del Ministerio Público‘.
En declaraciones a radio Mitre, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró ayer que ‘el Gobierno anterior, en el marco de sus peleas con el sistema de justicia y su toma de la Procuración, intentó apurar un proceso que en otros países ha llevado entre seis y ocho años‘.
En ese sentido, sostuvo que la reforma le daba un ‘exorbitante poder‘ a la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, lo que generaba ‘una situación muy complicada‘. ‘Es una medida que anticipamos del primer momento. Hablamos con todos los actores del sector, todos eran coincidentes‘, explicó el funcionario, para quien ‘era imposible que el Código se empezara a implementar el 1 de marzo‘.
El proyecto fue aprobado en diciembre de 2014 gracias a los votos de la mayoría kirchnerista en el Congreso y con el rechazo de los entonces bloques opositores, que sostenían que el nuevo código alimentaría la impunidad de los delitos, además de rechazar el poder que se le asigna a la Fiscalía.
Además, el Gobierno de Mauricio Macri oficializó ayer, con otro decreto, la modificación de otra polémica medida reglamentada por el Ejecutivo de Cristina Fernández el pasado julio que daba la competencia de las escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal que conduce Alejandra Gils Carbó.
Con el decreto, Macri pide que las escuchas pasen a la órbita de la Corte Suprema de Justicia debido a que la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones ‘sólo es realizable de modo efectivo sujetando la intromisión a las comunicaciones a la existencia de una orden judicial previa debidamente fundamentada‘, pero la medida tardará en concretarse (ver aparte).