Después de ocho horas de discusión a puertas cerradas, fracasaron las negociaciones entre los diputados del oficialismo y de Juntos por el Cambio sobre la continuidad de las sesiones en la Cámara baja y la relación está en un punto muerto. En medio de la tensión, los diputados del Frente de Todos y de otras bancadas opositoras sesionaron para prorrogar por otros 30 días el protocolo que habilita el funcionamiento remoto en las comisiones y en el recinto sin límites en el temario; en suma, en este lapso el oficialismo podrá incluir para su tratamiento el proyecto de reforma judicial, aprobado por el Senado. El principal bloque opositor exige que este tema, por su complejidad, sea tratado de manera presencial.

Los diputados de Juntos por el Cambio, los principales opositores a que las sesiones continúen en forma remota, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron las razones de la ruptura del diálogo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Masa, señaló que "la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina", en referencia a la negativa de Juntos por el Cambio a participar de la sesión de hoy bajo la modalidad mixta por interpretar que debía hacerse de manera presencial. Massa dijo que "se ha logrado consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas".

"No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia", agregó el titular de la Cámara de Diputados antes de dar inicio a la sesión en que se debate un proyecto de auxilio al sector turístico y otro sobre penas a la pesca ilegal.

En una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, Massa consideró además que "la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina", porque "la mayoría de los diputados de esta Cámara están dispuestos a seguir trabajando de manera remota con el protocolo reglamentario".

En la otra cara, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anunció que no hubo consenso con el oficialismo para realizar la sesión especial de ayer "porque se cayó el protocolo" vigente y advirtió que, de avanzar la realización del debate de manera remota, impugnará "su validez". Negri, junto al titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y al presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, brindaron una conferencia en el Salón de Pasos Perdidos, tras mantener ocho horas de negociación con el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria. Negri dijo que "lamentablemente, luego de ocho horas de debate, no se pudo llegar a un acuerdo con el Frente de Todos" y detalló que "ofrecimos dos alternativas que fueron rechazadas".

"Ingresamos al recinto a impugnar la sesión porque el consenso es el no disenso y hay 116 diputados de Juntos por el Cambio diciendo que no a este método de sesiones virtuales", detalló.

Negri relató que "manifestamos preocupación por las sesiones virtuales porque se sumaron temas sensibles en medio de la pandemia. Dejamos en claro el aval a una prórroga del protocolo por sesión o un mes, pero excluyendo temas de la Justicia y el reajuste a los jubilados".

En ese sentido, agregó que "se negaron a excluir de la prórroga del Protocolo la reforma judicial y un futuro reajuste a los jubilados con una nueva fórmula de movilidad. Estos temas se deben debatir cara a cara en una sesión presencial, mirando a la sociedad a los ojos".

Un proyecto para garantizar empleo

Un proyecto de ley que establece la creación de un Programa Nacional de Empleo Mínimo Garantizado con el objetivo de proporcionar empleo comunitario para las personas desocupadas fue presentado en el Senado por la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti.

El programa busca promover el empleo a través de "actividades socialmente útiles". Por ejemplo, cuidados de personas, y de medio ambiente, limpieza de espacios verdes, forestación, parquización, mantenimiento y limpieza de cauces de riego. También incluye la producción de insumos textiles para la satisfacción de necesidades comunitarias. El proyecto determina que las personas incorporadas al programa percibirán una suma mensual equivalente a un salario mínimo.