Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ex apoderados de la Fundación Madres, Alejandra Bonafini -hija de Hebe- y otras 65 personas más quedaron ayer a un paso de ser indagadas acusadas de desviar cerca de 50 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.

Fue por el pedido del fiscal federal Jorge Di Lello ante el juez de la causa, Norberto Oyarbide, quien según se prevé recién hacia febrero de 2012 tomaría una decisión al respecto, ya que en enero tomará licencia por vacaciones. En el requerimiento fiscal también figura la psiquiatra Viviana Sala, ex esposa de Sergio Schoklender, para que declare como imputada.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no ha sido acusada de ningún delito pero en el dictamen se incluyeron algunos párrafos sobre su responsabilidad en el manejo de los fondos como cabeza del organismo.

En un dictamen de 192 páginas y tras seis meses de investigación, Di Lello acusó a los imputados de los delitos de defraudación contra la Administración Pública y lavado de dinero.

Pero dejó abierta la posibilidad a agravar las imputaciones al sostener que "existe un gran cúmulo de probanzas como para sospechar que los imputados componen una asociación ilícita dedicada a cometer determinados delitos, comenzando con defraudaciones (...) otros tipos penales como falsificación de documentos y evasión tributaria".

El fiscal tiene acreditado el supuesto desvío de 50 millones de pesos que la Asociación recibió del Estado para construcción de casas mediante el programa "Sueños Compartidos" y que habrían sido utilizados para la compra de diversos bienes como autos, yates y viviendas.

La operatoria se hizo a través de las empresas Meldorek SA, de Sergio Schoklender y Gotkin que contrataba Madres para construir viviendas, y de Antártida SA, lo que fue constatado a través de "la ruta del dinero" que investigaron Di Lello y el fiscal antilavado Raúl Pleé. Todos los involucrados tenían algún tipo de vínculo con estas empresas.

Di Lello pidió las indagatorias de los acusados sin su detención, ya que siempre estuvieron a disposición de la Justicia. Sin embargo, Oyarbide tendrá la potestad de definir si los detiene cuando pida sus indagatorias, en caso de que las ordene.

En el caso de Alejandra Bonafini, el Banco Central reportó operaciones sospechosas de la mujer por 50 mil dólares y 100 mil pesos, que según la investigación habrían utilizado en la compra de un departamento en la ciudad de La Plata y un automóvil.