El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy por unanimidad la suspensión en el cargo y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza Walter Bento por presunto mal desempeño de sus funciones por 10 delitos por los que tiene ocho procesamientos firmes y por los que el mes que viene comenzará a afrontar un juicio oral. Bento está acusado de liderar una asociación ilícita que, a través de abogados y otras personas, le pedía coimas a acusados en sus causas para beneficiarlos.

La aprobación del juicio político contó con el apoyo del presidente del Consejo, Horacio Rosatti, de los representantes de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos y del resto de los estamentos del Consejo. El juez Alberto Lugones tuvo una disidencia sobre algunos puntos de la acusación sobre las que no coincidió.

La decisión ya fue comunicada a la Cámara Federal de Mendoza y a la Cámara Electoral para que desde hoy Bento deje el cargo. Ahora su situación pasará al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que por ley tiene 180 días para resolver si lo destituye como juez o rechaza la acusación. Si Bento es destituido perderá su condición de magistrado y por lo tanto sus fueros y podría ser detenido. Es porque los procesamientos que tiene en la causa penal es con prisión preventiva que no se puede ejecutar por los fueros. Pero si el Jurado rechaza la acusación, el juez continuará en el cargo.

El consenso logrado tuvo que ser trabajado. Desde ayer y hasta hoy a la mañana hubo reuniones para llegar a la unanimidad. El Frente de Todos planteaba que la acusación que impulsaba la oposición estaba atada a la causa penal y señalaban que si el juez era absuelto en el juicio oral la misma suerte podía correr en el juicio político. De hecho, hace dos semanas cuando la acusación contra Bento se aprobó en la Comisión de Acusación del Consejo los representantes del kirchnerismo se abstuvieron de votar.

Hoy a la mañana antes del plenario -que por ese motivo comenzó con tres horas de demora- los consejeros se reunieron para hablar del tema y le hicieron agregados al dictamen para que sea más contundente en el Jurado.

Bento es el titular del juzgado federal 1 de Mendoza. Tiene a su cargo las causas contra el crimen organizado pero además es clave para la política porque es el magistrado electoral de la provincia. Con su suspensión no estará a cargo de las elecciones presidenciales en Mendoza.

En el plenario, el abogado Miguel Piedecasas repasó el caso. Explicó que Bento fue denunciado en el Consejo por la Cámara Federal de Mendoza y que tiene tiene ocho procesamientos confirmados con prisión preventiva por 10 delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica.

El juez Walter Bento

Piedecasas también señaló que se negó a entregar su celular en la causa penal y que se inscribió en el concurso para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando lo tenía prohibido por estar procesado. Luego el Consejo lo sacó del concurso. El abogado repasó la acusación, destacó el consenso logrado y propuso -como lo establecía el dictamen- que él, el senador radical Eduardo Vischi y la diputada de la UCR Roxana Reyes actúen como fiscales ante el Jutado de Enjuiciamiento.

Luego Lugones explicó su disidencia. Señaló que no estaba de acuerdo con algunos puntos de la acusación. Una de ellas por la acusación de enriquecimiento ilícito porque en la causa penal Bento fue procesado sin una pericia y sin que sea intimado a justificar sus bienes. También porque declaró fuera de término un reloj Rolex y dos bicicletas. Lugones señaló que el reloj era de 1991 y las bicicletas no son bienes declarables. Por último marcó que se lo acusaba por haberse sacado un foto con una limunisa en Las Vegas. “Sacarse una foto con una limusina no es mal desempeño. Lo que hoy se aprueba mañana puede aprobarse para otros magistrados, lo que no se puede permitir”, sostuvo Lugones.

“El dictamen de acusación no estaba lo suficientemente logrado y estaba muy subordinado a la causa penal. Ahora se enriqueció con cuestiones técnicas y doctrinarias”, dijo el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade en voz del oficialismo.

Así se pasó a votar y los 19 consejeros aprobaron la acusación y la suspensión de Bento. Luego varios consejeros, entre ellos el juez Diego Barroetaveña, la jueza Alejandra Provítola y la abogada Jimena de la Torre, destacaron el consenso logrado como camino a seguir en un Consejo con diferencias políticas.