La Cámara de Senadores aprobó ayer, y giró a Diputados, una nueva prórroga para suspender por cuatro años la aplicación de la Ley de Tierras Indígenas y así impedir los desalojos de las comunidades aborígenes sometidas a procesos judiciales. Una vez que la Cámara baja la apruebe, la suspensión de la aplicación de la norma será por ese lapso a partir del 13 de noviembre de 2017.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La medida suspende por el término de la duración de la emergencia declarada el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.
El jefe del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, argumentó que "la legitimidad del reclamo no puede ser llevada adelante con mecanismos de violencia" y agregó que "hay situaciones, especialmente en la zona de la cordillera, llevadas adelante por grupos identificados con violencia extrema que no reconoce el territorio nacional ni la justicia argentina". "Para mí, no hay tierra sagrada.
Ni puede haber ningún espacio de tierra que no esté bajo la jurisdicción de la justicia o de las fuerzas de seguridad de la Argentina", sentenció Pichetto.