Justo el día después de la contundente victoria de Juan Schiaretti en Córdoba que se transformó en un alerta para la Casa Rosada, Tecpetrol,  la controlada de Techint que lidera en la explotación de gas de Vaca Muerta, le inició juicio al Gobierno. Aunque, desde la firma dejaron trascender que se les vencían los plazos legales. Lo cierto es que presentaron una demanda judicial solicitando la nulidad de las resolución que deja de reconocerles el plus por el shale gas que obtenían en su explotación. Es una pelea por US$ 55 millones.

Por vía judicial reclaman que se dejen de la lado las resoluciones de la Secretaría de Energía a través de las cuales se liquidaron los pagos de las compensaciones previstas en otra Resolución, la número 46 que ideó el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren en 2017.

"Dando continuidad a los plazos legales para poder proteger sus derechos, se solicitó a la Justicia el reconocimiento de los montos dejados de percibir con motivo del cambio de criterio adoptado por la Secretaría de Gobierno de Energía en los actos cuestionados, los cuales ascienden para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 a un monto aproximado de $ 2.500.000.000 (unos 55 millones de dólares a tipo de cambio actual), más los intereses correspondientes", señaló la firma en un comunicado enviado a la Bolsa, tras el cierre de los mercados.

El juicio recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, a cargo de Enrique Lavié Pico. 

En el comunicado se informa que Tecpetrol invirtió más de 1.900 millones de dólares en su proyecto Fortín de Piedra en Vaca Muerta "confiando en la letra y el espíritu de la Resolución 46/2017".

Esa resolución les reconoce un precio por el extra en la producción de gas no convencional de US$ 7 dólares por millón de BTU. El precio internacional ronda US$ 3,5.

Techint sostiene que el proyecto  ejecutado por Tecpetrol, "ha transformado la matriz de producción de gas en Argentina contribuyendo a bajar el costo de la energía en el país y permitiendo en 2018 un ahorro al Estado de importaciones de combustibles más caros de 2.000 millones de dólares por su sustitución por gas producido en el país, entre otros beneficios obtenidos en virtud del desarrollo de la industria local".