En una muestra de la polarización que se viene en el Congreso a partir del 10 de diciembre con un nueva relación de fuerzas, el Frente de Todos dictaminó en soledad y dejó listo para tratar en ambas Cámaras un total de 116 decretos (DNU), que incluyen restricciones dispuestas por la pandemia, además de reformas a la ley migratoria y de movilidad jubilatoria, entre otros temas.

Para la oposición este tipo de maniobras es "un atropello institucional" y anticipó que cuando el Congreso apruebe estos decretos pedirán su anulación.

En el primer cara a cara en el Congreso tras las elecciones legislativas del domingo, y el primer encuentro presencial desde el inicio de la pandemia por coronavirus, oficialismo y oposición se mostraron los dientes en una tormentosa sesión de la Bicameral de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En realidad, el fogoneo se inició en la previa del llamado a sesión exprés por parte del FdT que pisó el acelerador para avanzar con la aprobación de un centenar de DNU casi sin debate lo que forzó el retiro de la sesión de los legisladores de Juntos por el Cambio (JXC).

La oposición denunció "una operación de blanqueo" y "atropello institucional".

"Con los que vamos a tratar ahora, van a ser el 100% de los DNU que emitió el Poder Ejecutivo en el 2019, 2020 y en el presente año", señaló pasadas las 9.30, el presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Marcos Cleri, apenas se puso en marcha la reunión convocada por él mismo, a fin de dictaminar los más de 100 DNU emitidos durante la pandemia.

"Nosotros no estamos de acuerdo", planteó el diputado del Pro Pablo Tonelli sobre la decisión, por parte del oficialismo, de tratar 116 decretos de manera conjunta. Asimismo, subrayó que el tratamiento de los decretos "está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley". Es que los DNU deben ser tratados por la comisión dentro de 10 días del envío por parte del Ejecutivo. Y cobran fuerza de ley desde el momento en que son dictados y pierden vigencia sólo si son rechazados por ambas cámaras.

"Estaríamos dictaminando con los plazos larguísimamente vencidos", señaló el diputado del Pro, al recordar que hay decretos que datan de diciembre de 2019, al tiempo que cuestionó que se tratarían "sin la oportunidad de dedicarle un debate serio".

"El Gobierno va a lograr la validez de los decretos, pero de una manera irregular", dijo Tonelli al abandonar la reunión y sintetizó: "Todos los plazos están vencidos y esta metodología no se ajusta ni a la Constitución ni a la reglamentación. Rechazamos esta convocatoria y los decretos que pretenden tratar en Comisión".

La postura de la oposición quedó plasmada en un dictamen de rechazo.

"No hay precedentes desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos últimos años", aseguró el diputado por Chubut, Gustavo Menna.

"Los DNU no son una alternativa, son un remedio excepcional", afirmó Menna, al considerar que la convocatoria a despachar los 116 decretos es "una operación de blanqueo", al señalar que luego de que el oficialismo perdiera la mayoría en el Senado -tras los comicios del domingo- "lo que se pretende es apurar la ratificación de estos decretos; no les interesó tratarlos en la comisión en todo este tiempo", se quejó.

Capitanich pide pista

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, dijo ayer que "el Norte grande" tiene un importante "espacio de incidencia en el país" y, por lo tanto, "debería tener un candidato a las PASO", además de analizar su recuperación electoral en los últimos comicios, en los que subió cerca de 12 puntos en relación a las primarias.