El Gobierno obligará a las provincias a que presenten listados de preadjudicatarios y beneficiarios de viviendas sociales construidas con fondos nacionales. Además, buscará incentivar la construcción de nuevas unidades habitacionales para la clase media mediante incentivos impositivos a los inversores que financien nuevos desarrollos inmobiliarios.En concreto, pagarán menos impuesto a las Ganancias.

La resolución 19/2018 de la Secretaría de la Vivienda transforma en obligatorio un registro que, hasta el momento, tenía carácter de voluntario. Se trata del SIGEBE, un sistema de adjudicación que el Gobierno calificó como "objetivo, público y transparente", que tiene como objeto validar y gestionar procesos de identificación, adjudicación y selección de beneficiarios de viviendas sociales.

Los entes provinciales que gestionan fondos nacionales no recibirán pagos de certificados si, dentro de los próximos 20 días, no adecuan sus sistemas de información al nuevo régimen.

El Estado nacional busca así validar si los beneficiarios de programas sociales de viviendas son efectivamente personas que necesitan una casa y no tienen ingresos suficientes como para adquirirla con sus recursos.

El Ejecutivo cruzará la información con distintas bases de datos y puede observar la adjudicación si la persona no está debidamente identificada, figura en el padrón de fallecidos, tiene un inmueble a su nombre, está inscrita en algún otro programa de vivienda social o registra algún beneficio previo, como la adjudicación de un plan Procrear.